Menos de seis semanas le restan a este primer tramo de la tercera legislatura. Las alertas están prendidas en comisiones y plenarias, por cuanto el tiempo corre en contra de varios proyectos de ley y acto legislativo. De hecho, hay iniciativas que difícilmente se salvarán del hundimiento o quedarán para ser debatidas desde mediados de febrero del próximo año.

De allí que las presidencias de Senado y Cámara deben delinear una ruta de trabajo muy minuciosa pero, sobre todo, realista desde el punto de vista de trámite y escenario político.

Está claro que las maniobras gubernamentales y de su coalición para acelerar los ritmos de aprobación de las iniciativas suelen ser no solo accidentadas, sino riesgosas. Prueba de ello es lo que acaba de conceptuar la Procuraduría General ante la Corte Constitucional en torno a que la ley de reforma pensional debe ser declarada inexequible en su totalidad, ya que en la plenaria de la Cámara se eludió el debate a la iniciativa al adoptarse sin deliberación el texto que venía de plenaria de Senado.

Tras esa accidentada aprobación en último debate se advirtió de un vicio de fondo insalvable por cuenta de la negativa del Ejecutivo a conciliar los aspectos principales de esa controvertida norma. Sin embargo, los ponentes del Pacto Histórico propiciaron esa maniobra inédita y espuria. De allí que tan pronto se sancionó la ley respectiva, sobrevino un alud de demandas ante el alto tribunal.

Así las cosas, la posibilidad de que esta reforma no pase el examen de constitucionalidad es muy alta. A ello habría que sumar que la tributaria de 2022 –la otra iniciativa de alto calado aprobada a este Gobierno– ha sufrido varios reveses en la Corte. Artículos claves han caído por vicios de forma y fondo, y otros siguen bajo la lupa.

Este es un antecedente que la coalición petrista y los parlamentarios de otros partidos que suelen apoyarla deben tener en cuenta, sobre todo frente a proyectos prioritarios para la Casa de Nariño, como es el caso de la reforma laboral, que va en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Es innegable que si el Ejecutivo no acepta ajustar el articulado, sobre todo por las alertas de gremios, expertos y centros de estudios económicos, la iniciativa correría la misma suerte del primer proyecto de reforma a la salud, que se hundió en esa célula congresional en abril por cuenta de la votación responsable de partidos independientes y de oposición.

Igual podría pasar con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada en sexto debate en la plenaria del Senado. Aunque se le hicieron algunos ajustes a la iniciativa, el Consejo Gremial, Fedesarrollo, ANIF y otras instancias partidistas señalan que un incremento abrupto de las transferencias presupuestales de los ingresos corrientes de la Nación a los departamentos y municipios podría agravar la crisis fiscal.

De otro lado, el nuevo proyecto de reforma a la salud, que apenas comenzó primer debate en la Séptima de Cámara, a duras penas avanzaría a plenaria y quedaría para el próximo año. Arrastra, al igual que su antecesor, múltiples alertas por el modelo, estructura y financiación del sistema que plantea.

Otra iniciativa en vilo es la llamada “ley de financiamiento” o de reforma tributaria. No solo ha tenido que ‘hacerle cola’ a la de presupuesto bianual de regalías, sino que no tiene mayor voluntad política para salir adelante. Bancadas independientes y de oposición consideran inviable aumentar la carga impositiva en estos momentos a personas naturales y jurídicas, y menos aún flexibilizar la regla fiscal. Apenas están arrancando las audiencias públicas y, como si fuera poco, el Gobierno acaba de admitir lo que todo el país advertía: el hueco fiscal de este año ya es de $33 billones y el del año entrante sería similar.

Hay varios proyectos clave más en fila, como el de transfuguismo partidista, reforma política y modificación al Código Penal, entre otros. Por ahora, el primero, pese a las críticas, es el que tiene mayor opción de avanzar rápidamente.

Como si fuera poco, el Congreso debe sacar tiempo para varios debates de control político, así como para la elección de un magistrado de la Corte Constitucional y del secretario general del Senado.

Como se ve, el remate de la agenda legislativa será muy complicado. Habrá iniciativas que quedarán a medio camino, es inesquivable. Otras, por más prioritarias que sean, deben avanzar con cuidado, so pena de correr el mismo riesgo de la pensional y la tributaria.