* La crisis en el grupo empresarial sigue agravándose
* ¿Renunciará a asumir parte del mercado de Electricaribe?
La situación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiende a agravarse todos los días, en vez de mejorar. A las graves acusaciones que el anterior alcalde ha lanzado contra el nuevo burgomaestre, se suman ahora las denuncias de los nuevos administradores contra los anteriores, en igual sentido. La confusión es grande. Este pleito verbal redundará en ahondar la preocupación sobre el futuro del grupo empresarial.
A ello hay que agregar las inquietantes declaraciones del actual mandatario Daniel Quintero en las que afirma que EPM está estudiando la posibilidad de alejarse de las responsabilidades que adquirió como ganador de reciente licitación para atender parte del mercado de Electricaribe.
En efecto: en entrevista que concedió la semana pasada a un diario económico, Quintero dijo que EPM está evaluando si asume la parte de la operación de Electricaribe que ganó en la subasta de marzo para atender la energía eléctrica en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. Agregó que la razón por la cual EPM estaría considerando esta posibilidad es la llamada “cláusula de efecto material adverso”, que aparece en el contrato con el que ganó el mandato para operar a partir del 1 de octubre la mitad del mercado eléctrico costeño. Dicha cláusula le permitiría a la empresa dar un paso al costado, con el argumento que el activo se deterioró en alto grado como consecuencia de la pandemia. Debido a ello, el monto de las inversiones que deberán realizar los dos ganadores de la licitación se han incrementado ¿Por qué? Según se explicó, al momento de la subasta (marzo pasado) las inversiones que deberían hacer cada uno de los ganadores para rehabilitar a Electricaribe y manejar eficientemente los dos bloques de mercados, “Caribe mar” y “Caribe sol”, eran de 5 billones de pesos, cuando se definió licitación. A la fecha esas inversiones se estiman en 7,5 billones y las proyectadas a cinco años serían de 10 billones de pesos. Habrá naturalmente que verificar la exactitud de estas cifras, pero por razón de los efectos mismos de la pandemia sobre el mercado eléctrico de la costa Atlántica y por el desplome de la facturación de Electricaribe en los últimos meses, el problema luce bastante delicado.
Ahora bien ¿Qué solución se le va a dar a este gigantesco problema que asoma en el horizonte, en el evento de confirmarse los anuncios y las cifras que ha divulgado el alcalde de Medellín? Problema que se suma a las mil tribulaciones que se han destapado recientemente en torno a EPM.
Al deterioro del valor de los activos de Electricaribe, ya de por sí maltrechos antes de la pandemia, se suma a una serie de contingencias que van apareciendo en el horizonte fiscal del país como resultado de la crisis sanitaria.
A este golpe al valor de los activos y de los recaudos de la empresa costeña, sumado a su mal manejo en materia de inversiones y a su actitud desconsiderada para con los usuarios, se suma el hecho de que la compañía está enfrentada con el Estado colombiano en un tribunal de arbitramento en curso.
¿Qué solución puede encontrársele a este inmenso problema que se vislumbra en las declaraciones del alcalde de Medellín? En primer lugar, las directivas de EPM deben confirmar cuanto antes si van a invocar la cláusula contractual que menciona Quintero. Esto tiene que ser cuestión de días, no de semanas ni de meses, pues sus compromisos contractuales para operar el mercado de una parte considerable de la costa Atlántica comienzan el próximo 1 de octubre. La discusión sobre si fue prudente o no la decisión EPM de participar en la licitación de una porción de Electricaribe, cuando tenía a bordo y sin resolver el inmenso problema técnico, financiero y reputacional de Hidroituango, tendrá que darse también en su momento.
En segundo lugar, los despojos de Electricaribe que dejaron botados las cuestionadas empresas españolas que la operaban (razón por la cual la Superintendencia de Servicios Públicos tuvo que intervenirla) no dan espera. Su deterioro y el justificado malestar de los usuarios por el mal servicio que están padeciendo está más que explicado. Y su solución es apremiante.
Y, por último, si el Gobierno central va a tener que recurrir al presupuesto nacional para complementar los faltantes que resultan en las cuentas de las inversiones habilitantes que deben hacerse en Electricaribe para asegurar un mínimo de calidad en la prestación del servicio eléctrico de la costa Atlántica, como lo sugiere también el Alcalde en su entrevista, deberá hacerse con precaución fiscal pero con premura. Lo peor que puede suceder es que el largo viacrucis de Electricaribe entre en una fase de indefinición y de estancamiento, que se dilate en el tiempo y que nadie sepa cuáles son sus responsabilidades. Con lo cual los únicos que van a resultar perjudicados, una vez más, son los sufridos usuarios de los departamentos de nuestra costa Caribe.