Más que natural la preocupación e inconformismo que existen en Colombia por el hecho de que uno de los cabecillas paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos en el Gobierno pasado no vaya a ser deportado a nuestro país, en donde tiene pendientes varios procesos judiciales, en especial en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Tal como lo advirtieron en estos últimos dos días voceros oficiales así como del Congreso y de las víctimas de la violencia paramilitar, cuando se anunció en 2005 la entrega a la justicia norteamericana de la cúpula de las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia”, el compromiso de ambos países era que una vez éstos terminaran de cumplir sus condenas en Estados Unidos, serían deportados a nuestro país para afrontar las causas judiciales pendientes, sobre todo las relacionadas con graves violaciones de los derechos humanos como masacres, desplazamientos, terrorismo… Se insistió en que los extraditados seguían vinculados a la Ley de Justicia y Paz y que desde sus prisiones en E.U. seguirían declarando ante los fiscales y jueces para asegurar que sus víctimas tendrían acceso a la verdad, justicia y la reparación.

Con el antecedente ahora de Juan Carlos Sierra, alias “El tuso”, que no fue deportado a Colombia y que, por el contrario, recibió una especie de permiso de trabajo permanente en Estados Unidos, es claro que ese compromiso queda en vilo y es muy posible que otros jefes paramilitares extraditados también traten de seguir igual camino, lo que dejaría, entonces, en suspenso los procesos en que se busca saber quién, cómo y por qué se ordenó la muerte de miles de colombianos durante una de las épocas más bárbaras del conflicto interno.

Es evidente, por tanto, que Colombia y Estados Unidos necesitan abocar una revisión a fondo de la extradición, pues si bien ha demostrado ser una herramienta clave en la lucha contra delitos de corte transnacional como el narcotráfico, no se puede esconder que ha venido demostrando falencias en su aplicación y, sobre todo, en cuanto al poder disuasorio que tenía años atrás. Ello queda comprobado en el hecho de que varios capos del tráfico de las drogas hayan optado por someterse directamente a las autoridades norteamericanas y negociar con la justicia de ese país bajas penas y condiciones penitenciarias flexibles, a cambio de la delación de rutas y cómplices, así como de la entrega de propiedades y millonarios recursos ilícitos.

Sin embargo, esa revisión, que no es la primera vez que se plantea, no se puede hacer al calor de la preocupación o la indignación por un caso en particular como el de El Tuso. Se requiere cabeza fría para abordar un tema tan complejo. Las posturas que sugieren frenar las extradiciones son claramente exageradas, como también pasivas aquellas que consideran que todo debe mantenerse como hasta el momento ha venido funcionando.

Lo procedente es que se abra en el corto plazo un diálogo puntual y al más alto nivel sobre este delicado asunto y que se pase luego a la redacción de compromisos obligatorios para ambas partes. Compromisos que deben ir más allá de la voluntad política, es decir, que se conviertan en pactos jurídicos. De igual manera, debe activarse un seguimiento a los casos de varios de los cabecillas paramilitares en E.U., para que decisiones como las de El Tuso no tomen al país ni a las autoridades por sorpresa. Hay que entender que en la nación del Norte, como en la nuestra, existe división y separación de poderes y que hay que estar atentos para actuar en las distintas instancias judiciales, administrativas y migratorias con el fin de asegurar que quienes tengan cuentas pendientes en Colombia no reciban allí beneficios que, al final de cuentas, se convierten en impunidad.