ABSURDA.  No hay otra palabra para calificar la tragedia que ocurrió el domingo pasado en pleno casco urbano del municipio de Fundación, en el departamento del Magdalena, en donde un bus de transporte particular literalmente explotó cuando llevaba más de 50 menores de edad como pasajeros. El saldo fatal es dramático: más de 33 niños y niñas muertos y casi una veintena heridos, varios de éstos con quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Las versiones sobre las causas del incendio del automotor todavía son muy confusas. Van desde una chispa que se produjo cuando se estaba tanqueando el vehículo hasta el estallido accidental de una pimpina de gasolina que se encontraba en la parte delantera del mismo. También se habla de un transporte de gasolina de contrabando. En las distintas versiones se coincide en que el conductor se había bajado del bus y que al producirse la conflagración los menores, que pertenecían a comunidades de bajos recursos de Fundación que eran llevados a una celebración religiosa, no tuvieron tiempo de bajarse o saltar por las ventanas, porque las llamas envolvieron en cuestión de segundos todo el vehículo.

El panorama se vuelve más absurdo e indignante al saberse que el bus no estaba afiliado a ninguna empresa de transporte especial y que tampoco contaba con el Seguro Obligatorio de Atención a Terceros (SOAT). Y, como si fuera poco, el conductor, que se entregó a las autoridades, no tiene licencia. Igualmente se supo que los particulares miembros de la congregación religiosa contrataban periódicamente el vehículo para llevar y traer a los menores en las jornadas dominicales.

¿De quién fue la culpa de la tragedia que segó la vida de más de 33 menores? Partiendo de lo obvio a lo más complejo, es claro que la primera cuota de responsabilidad le cabe al conductor del bus, pues no se puede manipular o transportar gasolina con pasajeros a bordo. Igualmente es evidente que las salidas de emergencia no funcionaron o no pudieron ser accionadas por los niños. El no estar afiliado a una empresa y tampoco tener licencia de conducción evidencia que se trataba de un típico caso de transporte informal o ‘pirata’.

En segundo lugar, no se entiende cómo quienes contrataron el bus obviaron precauciones mínimas como constatar la legalidad del servicio, las condiciones mecánicas del automotor y, sobre todo, si el conductor al menos contaba con licencia.

Pero el juicio de responsabilidades debe ir más allá. Por ejemplo, cómo es posible que las autoridades civiles y policiales de Fundación no hayan detectado a tiempo esta clase de transportes ‘piratas’, más aún si, como dicen varios testigos, el bus era comúnmente utilizado para llevar y traer a los menores a la celebración religiosa.

También es claro que hubiera o no salidas de emergencia en el automotor, éstas no pudieron ser accionadas o los vidrios de las ventanas expulsados para facilitar la evacuación de los aterrados pasajeritos. Aquí hay un asunto que debe reformarse desde el mismo Código de Tránsito, porque algunas modalidades de salidas de emergencia (distintas a las puertas traseras) puede que funcionen para los adultos, pero no para los niños, que no cuentan con la fuerza necesaria para maniobras tales como expulsar con los pies los vidrios de las ventanas de un automotor que se encuentran anclados a presión en los respectivos marcos.

El absurdo es total y absoluto. La tragedia en Fundación debe dolerle a todo el país, al tiempo que deben tomarse medidas urgentes y drásticas a escala nacional para evitar que algo así vuelva a ocurrir.