*Venezuela y cuando opinar es un delito

*Los vicios del ‘Socialismo del siglo XXI’

Los  déspotas de todos los tiempos, por lo general, han intuido y aprendido que mantener a los pueblos en la ignorancia es una de las fuentes primarias de su poder. Los demagogos y maestros del engaño manipulan a su antojo a la masas ignara, a la que estrujan como la arcilla en las diestras manos del escultor.

El comandante Hugo Chávez, que terminó convertido en un consumado maestro de la demagogia tropical, subió al poder mediante una campaña personalista y de gran beligerancia verbal, en la que enfrentó a los partidos que dominaban un sistema democrático enlodado, desprestigiado y desvalorizado por cuenta de la corrupción desbordada. En ese entonces no recibió el apoyo de ninguno de los grandes medios de comunicación venezolanos por lo que, una vez en el gobierno, puso en marcha una inquina visceral contra la prensa. Esa tensión fue creciendo a medida que en sucesivos certámenes electorales consiguió derrotar de nuevo a los partidos tradicionales, sin hacer mella en la prensa, radio ni la televisión independientes, la mayoría crítica a sus políticas y estilo de gobierno. Pero es allí cuando Chávez decide acallar al más prestigioso y elocuente  comunicador de la televisión, Marcel Granier. Y por esa razón Radio Caracas Televisión es silenciada en diciembre del 2007, constituyéndose en el primer gran golpe contra la libertad de expresión en el vecino país.

Lamentablemente la prensa internacional y los empresarios de televisión del continente no hicieron un frente común para encarar el atentado contra la libertad de opinar en Venezuela. Acaso pensarían que era un atropello aislado y no captaron que el llamado “Socialismo del siglo XXI” se empezaba a lanzar a una guerra sucia contra los medios de comunicación objetivos e independientes. Se confirmaba allí la propensión de los partidos populistas en el poder en nuestra región a abominar la prensa que defiende los valores de la democracia y combate la corrupción oficial. La censuran, restringen y criminalizan porque les impide mantener a la población domesticada y que conozca la realidad económica del país, el grado de corrupción que envilece a sus gobernantes y la forma en que hipotecan el porvenir de las sucesivas generaciones. Y para ello diseñan feroces campañas sucias contra los defensores de la democracia, a los que suelen tratar de desacreditar de todas las formas. Elevan el pensar y la crítica casi que al nivel de delito. Consideran que mostrar con realismo los hechos y analizarlos con objetividad se constituye en un irrespeto a las autoridades, una especie de oposición intencionada. La única opinión que se tolera en estos escenarios es la oficial,  así la evidencia sea contraria. Los periodistas deben decir que, como Cándido en el cuento de Voltaire, se vive en el mejor de los mundos posibles.

Para crear la utopía de que la prensa libre no refleja la realidad, estos regímenes convocan a los agentes de la burocracia oficial a continuas  manifestaciones de apoyo, en las que deben quedar roncos lanzando vivas al gobierno y sus manos casi que deshacerse aplaudiendo las sandeces de los oradores. Los llamados “comisarios del pueblo” revisan los videos y pobre de aquel que no aplauda, ya que puede caer en desgracia y costarle  el puesto o perder la boleta para recibir mercados y otras gabelas gratis.

La andanada contra la prensa libre en Venezuela no tiene límites. Ahora hasta a los más reputados periodistas, como Miguel Henrique Otero y Teodoro Petkoff, directores, respectivamente, de El Nacional y Tal Cual, se les impide salir del país. No gozan de ninguna de las garantías que proclama la Constitución, son perseguidos y judicializados por opinar y decir la verdad. Se pretende, incluso, cercarlos  con una cadena de falsas denuncias e investigaciones amañadas. “Hay toda una estrategia para estrangularnos económicamente, como las multas y la escasez de papel para el periódico. El Ejecutivo toma las decisiones del sistema judicial para criminalizar a la disidencia. La justicia chavista no es justicia porque no es independiente. Las sentencias las dictaba antes Chávez y ahora lo hacen Maduro y Cabello”, anotaba Otero esta semana.

Lamentablemente se trata al “bravo pueblo” como si fuese una colonia sometida a un régimen de ocupación extranjero. Ni los portales web, los tuiteros y los blog personales se salvan, pues quienes están detrás también son perseguidos. Hay, pues, una guerra contra la prensa en Venezuela y las víctimas aumentan día tras día.