Un flagelo que aumenta universo de víctimas

El peligroso accionar de las Bacrim

Al tenor de la mayoría de las encuestas la mayor preocupación ciudadana en Colombia es la inseguridad que se registra a diario tanto en las grandes ciudades como en los municipios intermedios y las localidades más pequeñas o aisladas de los principales centros urbanos. Entre la amplia gama de lo que se denominan “delitos de alto impacto”, uno de los flagelos que más golpea a la población es el de la extorsión, o también llamada popularmente, ‘vacuna’. La progresión de esta conducta ilícita es casi exponencial, sobre todo a nivel del universo de las víctimas, que a diferencia de años anteriores, ya no se concentra única y exclusivamente en las personas con algún nivel de recursos o empresas con capital significativo. Ahora las alertas a escala nacional están puestas sobre la llamada microextorsión, que es aquella práctica en donde delincuentes comunes o bandas criminales organizadas presionan al más humilde trabajador o residente de cualquier barrio  para que les pague, ya sea en efectivo o en especie, una determinada cuota diaria o mensual so pena de agredirlos si no cumplen tal exigencia. No se está hablando aquí de un fenómeno aislado sino de una situación de amplio espectro, a tal punto que las autoridades señalan que en los últimos dieciséis meses se han denunciado más de seis mil trescientos casos de extorsión o microextorsión. Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Sincelejo son las más afectadas por este delito, aunque podría haber otras zonas del país igualmente golpeadas pero que no se reflejan en las cifras citadas, ya que existe un alto subregistro en este caso, pues son miles las personas que se abstienen de denunciar, por temor a represalias violentas de los delincuentes. Aunque el Gobierno, y la fuerza pública, en especial la Policía, y sus unidades Gaula antisecuestro y antiextorsión, han extremado sus operativos e investigaciones contra las bandas criminales, lo cierto es que los avances no han sido tan positivos como se esperaría, en particular porque para nadie es un secreto que las llamadas “Bandas criminales organizadas al servicio del narcotráfico”, (Bacrim), la mayoría integradas por residuos de los grupos paramilitares desmovilizados, se convirtieron en las principales organizaciones dedicadas a este delito, protagonizando para ello una lucha a sangre y fuego con bandas locales, delincuentes comunes, que incluso al final tuvieron que someterse o, ‘enrolarse’ con esas estructuras de mayor complejidad y capacidad de ataque.

En la microextorsión, una de las modalidades más peligrosas es la que se desarrolla desde el interior de las cárceles, en donde a diario se realizan decenas de llamadas telefónicas que tienen como blanco a un universo disímil de personas, a las que les son exigidas pequeñas, medianas y grandes sumas de dinero, a cambio de que no sean objeto de atentados. Si bien los continuos operativos de la guardia penitenciaria, han permitido el decomiso de miles de teléfonos celulares, a lo que se suma la instalación en la mayoría de las prisiones de bloqueadores de señal, el fenómeno sigue registrándose.

Es claro, de otra parte, que combatir esta escalada criminal no es fácil, toda vez que las víctimas se cuentan por miles, y van desde el conductor de bus, que debe pagar una ‘cuota’ para poder transitar por determinadas zonas, pasando por la señora que vende tintos en las plazas de mercado, para terminar en el humilde asalariado que debe cancelar un presunto ‘impuesto de seguridad’, para poder entrar y salir sin problema de su barrio. A ello se agrega que esas redes criminales que cobran ‘vacunas’, muchas veces están compuestas por pandillas o bandas que manejan además otras actividades ilícitas a nivel local, como el microtráfico, el hurto, la prostitución y hasta las redes de préstamos usurarios llamadas ‘gota a gota’. Esta característica lamentablemente les permite un mayor control territorial, que se traduce en un poder de intimidación superlativo sobre los muchas veces indefensos pobladores.

No desconocemos, como se dijo, que la lucha de las autoridades para reprimir este delito ha sido muy intensa y esforzada, pero es evidente que debe aumentarse la intensidad de la ofensiva y hacer más eficiente y drástica la judicialización de los culpables, pues de lo contrario, los llamados a aumentar el volumen de denuncias por parte de las víctimas no tendrán el efecto deseado.