Muy preocupantes, por decir lo menos, las noticias que llegan desde Medellín, en donde se habla de la presunta existencia de “Pactos de fusil”, mediante los cuales los llamados “combos”, que son pandillas y organizaciones delincuenciales dedicadas a la extorsión, el robo y el microtráfico, se habrían comprometido a no seguir protagonizando enfrentamientos por el ‘control territorial’ de sectores en las comunas y barrios subnormales de la capital antioqueña.
Se trata de una situación a todas luces complicada, pues es claro, según varias ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos, que esos presuntos acuerdos entre facciones delincuenciales no buscan disminuir la afectación a la comunidad, sino que van dirigidos a no generar actos de violencia notorios que lleven a las autoridades a lanzar grandes operativos en Medellín y su área metropolitana para capturar cabecillas y desmantelar sus estructuras sicariales y de microtráfico. Lo más grave es que ahora se denuncia que las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico”, más conocidas como Bacrim, están obligando a los cabecillas de los “combos” a que no violen la ‘tregua’, so pena de ser atacados e incluso asesinados por poner las zonas en donde ejercen su actividad ilegal en la mira de las autoridades. Igual se habla de un aumento en los casos de jóvenes que son reclutados forzosamente por estas organizaciones criminales y del incremento silencioso del llamado desplazamiento forzado intraurbano, es decir, familias enteras que por la presión o el temor a estos “combos” tienen que huir de determinados barrios dejando todo atrás.
De la existencia del “Pacto del fusil” se empezaron a escuchar noticias a mediados del año pasado, aunque de inmediato las autoridades negaron que se estuvieran dando tales acuerdos entre las facciones delincuenciales, al tiempo que atribuyeron la disminución progresiva en los índices de homicidio a la eficacia de la Fuerza Pública que actúa con mayor dinamismo en esos sectores de la capital paisa. Incluso en ese entonces se dijo que cabecillas locales de ‘Los urabeños’ y la ‘Oficina de Envigado’ habrían estado detrás de los acuerdos, en los que, palabras más, palabras menos, cada “combo” se quedaba en el ‘territorio’ que tenía y no podía tratar de disputarle a otro zonas barriales en donde día a día manejan el tráfico de drogas, la microextorsión y otros delitos.
A hoy las autoridades insisten en que los tales ‘Pactos de Fusil’ hacen parte del imaginario popular, e incluso son una estrategia de los delincuentes para quitarse de encima la presión de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, sin que hasta el momento haya funcionado, pues los operativos se han incrementado y los resultados son muy positivos. Pese a la contundencia de esas afirmaciones, hay que investigar por qué varias ONG insisten en que sí hay tales acuerdos entre criminales.