Si bien es cierto que la actividad turística viene tomando un dinamismo cada vez mayor, hay temas urgentes para corregir. Por ejemplo, las autoridades, los operadores turísticos y los gremios sectoriales están en alerta por el incremento de la llamada “parahotelería”. Es decir, la prestación ilegal de estos servicios, sobre todo en lo relativo al alquiler de fincas, quintas, viviendas, apartamentos, cabañas e incluso habitaciones o zonas para camping, traslados o paseos sin estar autorizado para ello.

Según el informe publicado en nuestra edición dominical, es evidente que el boom de las redes sociales y otras plataformas tecnológicas han llevado a que esta clase de oferta de estadías cortas se haya multiplicado. Sin embargo, por tratarse de destinos y establecimientos que no están inscritos en el Registro Nacional de Turismo, no en pocas ocasiones los usuarios terminan siendo víctimas de estafas, robos, atropellos e incluso delitos más graves. Tampoco hay seguros obligatorios, manuales de seguridad industrial, cumplimiento de los más mínimos requisitos sanitarios ni mecanismos para obtener el respeto de los derechos de los viajeros.

Si bien es entendible que las personas busquen la economía a la hora de viajar, también es evidente que al demandar estos alojamientos y atracciones informales corren riesgos muy altos. Sin embargo, no se puede desconocer que no pocos de los turistas concluyen que al estar publicadas estas ofertas en distintas plataformas digitales y a la vista de todo el que las consulte, se podría concluir que las autoridades saben de ello y, por lo tanto, al no ser prohibidas tendrían algún tipo de principio de legalidad en su funcionamiento.

Visto todo lo anterior, resulta urgente que desde los ministerios y demás autoridades nacionales, regionales y locales se activen medidas de fondo para combatir la “parahotelería”. No basta con solo recomendar a los turistas que contraten con la industria formal. Corresponde a las entidades oficiales rastrear en las redes sociales y plataformas esta clase de ofertas de servicios, contactar a los responsables, advertirles de la ilegalidad de su actividad y, de paso, involucrarlos en procesos para la formalización, con apoyos en capacitación, cumplimiento de reglamentos y otros aspectos.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que, si Colombia quiere ser una potencia turística verdadera, debe crear una infraestructura sólida, profesional y capacitada para ello. De lo contrario, no habrá posibilidad real de competirle a otras naciones y destinos más consolidados.