* Un juicio político sin mérito alguno
* Correísmo quiere debilitar al Gobierno
En el Ecuador existe una suerte de consenso colectivo en torno al respeto por la figura del presidente Guillermo Lasso, quien ha sabido estabilizar la política y las finanzas, flancos que encontró comprometidos cuando asumió en mayo de 2021. También ha conseguido contener las continuas protestas indígenas, que tienen claros fines desestabilizadores. Todo esto pese a tener un Congreso con amplia mayoría de partidos opositores.
Pero también ha sufrido reveses. El más reciente el referendo con el que pretendía restablecer la extradición como arma para combatir a las mafias locales de la droga, cada vez más fuertes e implicadas en graves atentados, guerras internas, inseguridad y asesinatos de civiles. Se dice, incluso, que esos carteles movieron sus arcas para financiar el voto en contra de la extradición así como para apostar a favor de la oposición, que ganó los comicios territoriales. Mas el gobierno no ha claudicado en su lucha contra la delincuencia organizada y continúa liderando un esfuerzo superlativo para consolidar el orden y la institucionalidad en varias provincias.
En medio de la pandemia de covid-19, Lasso manejó la crisis sanitaria con suma responsabilidad y eficacia. Lo hizo bajo la presión de un Congreso adverso que no desaprovecha oportunidad para desestabilizar al gobierno y atacar a un mandatario. A hoy, sin embargo, el hecho incontrovertible es que en lo político y económico el Ejecutivo ha superado los mayores escollos y el país, pese a la turbulencia mundial, marcha de manera positiva.
Es claro que en una nación en la que el Presidente no tiene el respaldo del Parlamento, gobernar se convierte en una suerte de malabarismo en un campo minado. Lasso ha sabido maniobrar en ese complicado escenario, sin dejar de luchar contra la corrupción y las mafias criminales, al tiempo que enfrenta constantes debates en el Congreso contra su gestión.
Pese a un balance gubernamental favorable, es evidente que a los jefes de la oposición ese asunto no les conviene. De hecho, el expresidente Rafael Correa, desde su exilio en Bélgica en donde evade las condenas de la justicia ecuatoriana por corrupción, consiguió ganar las recientes elecciones en Quito y Guayaquil. El triunfo en esta última urbe no se esperaba, dado que en su ciudad natal el exmandatario siempre había perdido, puesto que allí prevaleció por años el poderío de la Democracia Cristiana y sus afines, desde tiempos de Febres Cordero. Esa ganancia del correísmo muestra en cierta forma que la centroderecha no se supo movilizar las fuerzas y no atraer apoyos a sus candidatos, por demás divididos por minucias y vanidades diversas.
Tras el nuevo mapa político, Correa y otros jefes de la izquierda, obviamente contrarios a Lasso, procuran ahora enlodar su gestión e intentar un juicio político en su contra en el Congreso. Y no por encontrar alguna causal de delito, sino por una suerte de sofisma según el cual se le debe enjuiciar por omisión. La investigación se fundamenta en dudosas afirmaciones de informantes policiales -que lindan con las consejas- sobre supuestos malos manejos de funcionarios del entorno del gobernante, en los cuales en ningún caso aparece comprometido directamente. Un proceso absolutamente contrario al consenso nacional que reconoce la integridad presidencial en todos los campos y su solvencia moral.
Las gentes informadas en el país saben que Lasso es un experto en temas financieros y un político intachable. Algo que, incluso, la misma oposición reconoce en privado, aunque en público busca ensuciar su imagen y favorecer la tesis de que todos en el gobierno son unos corruptos.
De hecho, en estos momentos pareciera que el informe que iniciaría el camino de un juicio político contra Lasso en la Asamblea tiene el visto bueno de los partidos opositores, aún a sabiendas de su inocencia. Pese a ello los parlamentarios mejor informados sostienen que no existe el peligro de una condena y que, en el fondo, de lo que se trata es de afectar al Ejecutivo. Incluso, en la misma prensa se concluye que los cargos contra el Presidente no son contundentes pero sí sirven para enlodarlo y abonar el terreno para las próximas elecciones generales.
Aunque la mayoría de los legisladores saben que adelantar la causa judicial no tiene futuro, saben que someter a Lasso al escarnio público puede afectar la tendencia de muchos ecuatorianos a elegir un sucesor que mantenga al país por el sendero estable que hoy recorre.