- Ingrid denuncia burla por parte de exFarc
- JEP debe expulsar a quienes no aportan verdad
A lo largo de los años de la negociación de paz entre el gobierno Santos y las Farc una de las premisas más repetidas para justificar las accidentadas tratativas fue, precisamente, que el objetivo principal y prioritario era el de cumplir los derechos de las víctimas a obtener la verdad, justicia, reparación y garantía de la no repetición de los delitos y demás atrocidades que millones de ellas sufrieron por varias décadas. Es más, el mecanismo de justicia transicional pactado se denominó “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, compuesto, a su vez, por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y Garantías de No Repetición.
No pocos sectores del país, que se manifestaron masivamente en las urnas cuando el No se impuso en el referendo de octubre de 2016, advirtieron insistentemente que ese sistema de justicia excepcional era no solo contrariaba al propio Estatuto de Roma al esquivar la obligatoriedad de castigo real a los culpables de delitos de lesa humanidad, sino que al asegurar de entrada la garantía de cero cárcel a los victimarios atentaba contra el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, dejando sin piso así que estas eran el centro y prioridad de todo el acuerdo.
Lamentablemente muchas de esas advertencias sobre el riesgo de incumplimiento de las Farc se terminaron concretando: el número de desmovilizados y armas entregadas fue muy inferior al presupuestado; el monto y naturaleza de los bienes para reparar a las víctimas es ínfimo; la delación de rutas y cómplices en el narcotráfico nunca se dio; las disidencias (que suman a quienes nunca se desarmaron y a los reincidentes) son hoy una amenaza de alto calado, encabezadas por el exjefe negociador subversivo; los excabecillas ingresaron a la política sin mayor condicionamiento; y el sistema de justicia transicional, en especial la JEP, no ha logrado avanzar sustancialmente en ninguno de sus objetivos fundacionales.
La frustración es de tal magnitud, que las víctimas están alzando la voz para protestar por un sistema que parece propiciar la impunidad. Prueba de ello es la impactante carta que la excandidata presidencial Ingrid Betancourt envió a la JEP sentando enfática protesta por las “versiones” que los excabecillas y desmovilizados de las Farc rindieron ante esa instancia sobre uno de sus peores delitos: el secuestro de miles y miles de colombianos y extranjeros.
Como se sabe, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ya rindieron testimonio individual 33 exintegrantes de esa guerrilla y, además, una delegación presentó una versión colectiva escrita, con las confesiones de 350 excombatientes, en el marco del “macrocaso 01”, relativo al secuestro. En este ya hay más de 1.700 víctimas acreditadas, muchas de las cuales fueron llamadas a describir todo el infierno que vivieron en manos de los subversivos, un relato tan dramático como dantesco. Tras ello, la JEP decidió trasladar a las víctimas, bajo confidencialidad, los expedientes de lo afirmado por los exFarc, para su conocimiento y respectivas réplicas.
Es precisamente en esta instancia en donde Ingrid, que se convirtió en su momento en el símbolo mundial del drama del plagio en Colombia, ha expresado su indignación por lo dicho por los exFarc. Ella ni nadie admite que los victimarios quieran ahora tratar de ‘justificar’ los plagios y toda su sevicia e inhumanidad con afirmaciones delirantes como que encadenaban a los cautivos solo para protegerlos de los peligros de la selva; que los plagiados eran responsables de los maltratos y abusos que sufrieron debido a que intentaban fugarse; que no estaban secuestrados sino “retenidos”; que no era denigrante hacer que las mujeres plagiadas tuvieran que bañarse o hacer sus necesidad fisiológicas en frente de los guerrilleros, expuestas al morbo, las humillaciones y todo tipo de abusos; que las víctimas no fueron usadas como “moneda de cambio”, “escudo militar” y “plataforma mediática”… “Las Farc presentan el secuestro como una actividad regulada por ellos mismos con lo cual invierten la responsabilidad del delito”, advirtió Betancourt.
La queja de Ingrid ni las de miles y miles de víctimas pueden quedar en el aire. La justicia transicional no es para burlarse de quienes sufrieron la violencia subversiva ni una ventana de oportunidad para mentir, institucionalizar la impunidad, evitar resarcir a los inocentes ni dar vía libre a una especie de patente de corso para que la barbarie se repita. Si los exFarc no asumen su responsabilidad y aportan verdad plena, detallada y exhaustiva sobre sus delitos, deben ser expulsados de la JEP, aquí y ahora.