* Unidad monolítica de Colombia

* Compromiso histórico conservador

Se generaliza en la opinión pública la convicción sobre la inaplicabilidad del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya,  que desconoció nuestra soberanía marítima y el dominio histórico en el sonado litigio de Nicaragua contra Colombia en la zona del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos. En el cual la Corte desconoció el principio consuetudinario que le impedía avocar dicha denuncia, por tratarse de un caso anterior a su misma existencia, en el cual se desconocían las fronteras históricas y el Tratado Esguerra-Bárcenas, entre Colombia y Nicaragua. Lo mismo que se violaban los compromisos del Pacto de Bogotá, suscritos por Nicaragua, donde los signatarios se comprometían a respetar los pactos  y acudir a las instancias interamericanas en caso de discrepancias entre las partes... Se acordaba, también, en el Pacto de Bogotá que en caso de controversias importantes se podía acudir al Artículo XV: “El procedimiento de investigación y conciliación consiste en someter la controversia a una comisión de investigación y conciliación que será constituida con arreglo a las disposiciones establecidas en los subsecuentes artículos del presente Tratado, y que funcionará dentro de las limitaciones en él señaladas”. En sucesivos artículos se regulaba el fundamento y los requisitos para acudir a distintas instancias interamericanas, que Nicaragua desconoció.

En el Artículo XVI, del Pacto de Bogotá: “La parte que promueva el procedimiento de investigación y conciliación pedirá al Consejo de la Organización de los Estados Americanos que convoque la Comisión de Investigación y Conciliación. El Consejo, por su parte, tomará las providencias inmediatas para convocarla.  Recibida la solicitud para que se convoque la Comisión quedará inmediatamente suspendida la controversia entre las partes y éstas se abstendrán de todo acto que pueda dificultar la conciliación. Con este fin, el Consejo de la Organización de los Estados Americanos podrá, a petición de parte mientras esté en trámite la convocatoria de la Comisión, hacerles recomendaciones en dicho sentido”. Ninguno de esos procedimientos se cumplió, ni se hizo lo necesario para que la OEA ejerciera los buenos oficios entre las partes con el fin de hacer entrar en razón a Nicaragua, para que respetase los tratados y los compromisos de solidaridad interamericanos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, debió exigir a Nicaragua que cumpliese con esos requisitos. Así como los distintos gobiernos colombianos debieron exigir lo mismo. Es de anotar que eso no ocurrió por parte de Colombia, en cuanto como país civilizado y respetuoso del derecho internacional y las fronteras entre las distintas naciones, presuponía la misma responsabilidad y apego al derecho del  país vecino.

Con fundamento en los famosos postulados de Rudolp von ihering, consideramos que Colombia frente al fallo inicuo de La Haya, que resulta inaplicable en cuanto viola y tiende a la asfixia de los isleños colombianos del archipiélago de San Andrés, tiene el deber de defender en todas las instancias internacionales su soberanía, que desconoció dicho esperpento jurídico. Como sostienen valiosos tratadistas nativos y foráneos, el Derecho Internacional está sujeto a la fuerza, a la capacidad de las naciones para aplicarlo.

 Es de resaltar que Von Ihering en el frontispicio de su brillante análisis sostiene que: “El derecho es una idea práctica, el cual indica que siempre debe de mostrar una solución ante cualquier punto de vista. Se podría objetar que la lucha y la discordia son precisamente lo que el derecho se propone evitar, porque ante semejante estado de cosas implica un trastorno ante un orden legal y no una condición necesaria de su existencia. El derecho siempre habría de prevenirse sobre los ataques de la injusticia”. Y el famoso jurista agrega: “En el derecho se encuentran dos direcciones una que es de  resistencia y la otra que debe vencer y en ambos casos debe triunfar o mantener la lucha. Se desenvuelve sin necesidad de investigaciones inconscientemente, empleando la palabra que se ha introducido, orgánicamente, intrínsecamente como el lenguaje es de naturaleza íntima del derecho por lo que todas las reformas introducidas en el procedimiento y en derecho positivos se originan en las leyes”. Por tanto: “El derecho debe estudiar y buscar sin cesar el verdadero camino, y cuando lo ha encontrado, derribar todo los obstáculos que se oponen o impiden avanzar”. Lo que significa, aplicando estos principios filosóficos al Derecho Internacional,  que Colombia debe luchar por sus derechos, por su justa causa y acudir a las naciones amigas y la comunidad de naciones  en busca de apoyo y de defensa del respeto del orden internacional de las fronteras. Para lo conservador es un mandato inequívoco defender la soberanía nacional y luchar en defensa de nuestros derechos hasta que resplandezca la justicia.

Es de insistir que el fallo de la Corte de La Haya, ignora de manera sospechosa los  títulos de Colombia que históricamente se sustentan en  Reales Cédulas que definieron el territorio del Imperio Español en Hispanoamérica y en la Nueva Granada por siglos, fuera de desconocer nuestra soberanía, vulnera la de terceros países, anula olímpicamente el tratado  Esguerra-Bárcenas, a sabiendas de que no tenía la competencia para fallar sobre tratados vigentes antes de su misma existencia, desquicia los tratados firmados por nosotros y por terceros países sobre delimitación marítima en el Caribe, contra lo que había afirmado cundo su gobiernos quisieron ir a La Haya en defensa de sus derechos.

Existe un consenso general entre los colombianos de luchar por nuestra soberanía y el deber de defender a los isleños, de impedir que les violen sus derechos y les impidan pescar en nuestras aguas históricas, como en la protección del medio ambiente. Colombia se enaltece por respetar  el derecho internacional y en luchar porque resplandezca la justicia. La Nación debe unirse monolíticamente en el firme propósito de defender nuestros derechos, frente a un fallo que es inaplicable. En el  sentido de reafirmar nuestra soberanía y mostrar al pueblo colombiano el noble compromiso político  en la lucha por nuestros derechos en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos, es positivo que el Partido Conservador en el Congreso de la República defienda la voluntad política de la Nación y la integridad de nuestro territorio y fronteras.

Para lo conservador es un mandato inequívoco defender la soberanía nacional y luchar en defensa de nuestros derechos hasta que resplandezca la justicia