* Una reforma urgente al Estatuto
* Pululan las prácticas dilatorias
Practicamente no hay día en que en los medios de comunicación dejen de registrar alguna noticia en referencia a diligencias en procesos penales, disciplinarios y fiscales que se aplazan, suspenden o alargan debido a las reiteradas maniobras dilatorias de los abogados e imputados. La indignación de las partes involucradas en esos casos aumenta a medida que las tácticas de los juristas y sus defendidos van generando demoras y hasta la inamovilidad de los procesos, llegando al extremo de que, en lo que tiene que ver con temas penales, se crean escenarios en donde se vencen los términos procesales y los fiscales y jueces no tienen opción distinta a resignarse a excarcelaciones de los sindicados o incluso exponerse al riesgo de la prescripción de la acción por el largo tiempo pasado desde el momento en que se cometió el delito. Intempestivas renuncias de abogados el día de las diligencias, excusas médicas de última hora, inasistencia inexplicable a las audiencias, recusaciones peregrinas a jueces y fiscales, petición fuera de tiempo de práctica de pruebas, presentación temeraria de acciones de tutela y otro tipo de maniobras se volvieron el pan de cada día en los despachos judiciales. Aunque la normatividad vigente, en el papel, tiene mecanismos para castigar, a través de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a los abogados que incurren en estas tácticas dilatorias que impiden la aplicación pronta de justicia, lo cierto es que en el día a día muchas de esas actuaciones irregulares quedan impunes.
El ministro de Justicia ha sido reiterativo en los últimos meses en torno de que se requiere ajustar el Estatuto de los Abogados, con el objetivo, entre otros aspectos, de hacer más drásticas y ejemplarizantes las sanciones a quienes faltan a la transparencia jurídica. Desde hace muchos años se ha denunciado que los castigos a los abogados que faltan a la ética y diligencia que les impone su profesión son ínfimos y hasta risibles. Actuaciones ilícitas que deberían dar lugar a que al culpable se le cancele automáticamente la posibilidad de ejercer como profesional del derecho, apenas si reciben suspensiones que no superan los dos años. Esa falencia, obviamente, lejos de incentivar la actuación recta de todos los juristas, lleva a que crezca el riesgo de que un muy reducido número de ellos incurra en situaciones impropias como apoderarse del dinero de sus clientes, viciar las reglas del debido proceso, abandonar los procesos a su cargo, incurrir en fraudes e incluso hacer parte de los llamados ‘carteles’ dedicados a desfalcar el erario y a los particulares a través de prácticas corruptas.
En ese orden de ideas es claro que se requiere un nuevo Estatuto para regir la actividad de los profesionales del Derecho, que no sólo esté acorde con los últimos postulados de la Asociación Internacional de Abogados, sino que lleve, por ejemplo, a que la graduación de los castigos a quienes falten a su deber jurídico y la ética, sea más drástica.
Paralelo a ello, también debería pensarse en una reforma a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, pues está visto que en muchas ocasiones los abogados que acuden a prácticas dilatorias lo hacen basados en una interpretación torcida de los vacíos y zonas grises que tiene la legislación vigente.
Y por último, aunque la tradición de la academia jurídica colombiana es una de las más reconocidas y respetadas en nivel internacional, es obvio que se requiere que en las facultades de derecho se trabaje con más ahínco lo referente a los aspectos ontológicos y deontológicos de lo que significa y exige ejercer la abogacía.
La gran mayoría de los abogados en el país actúan con honestidad y pulcritud, pero unos pocos incurren en desviaciones profesionales y hasta criminales, afectando con sus actuaciones a todo el gremio. El nuevo Estatuto debe llevar a la depuración anhelada.