EL  ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al que le compete adelantar la política financiera del Gobierno, ha propuesto la venta de los activos del Estado en Isagén. Para conseguir recursos que eventualmente se utilizarían para invertir en infraestructura vial. Así como en otros menesteres, como en solventar algunos gastos del Gobierno, incluso el hueco fiscal. Esto último se desprende de las declaraciones de Francisco Ortega, director de la DIAN. El ministro Cárdenas estima que vender Isagén es un buen negocio para el Estado, por lo que se muestra en desacuerdo con los que a su juicio están politizando el asunto. Se refiere, seguramente, a que entramos en un proceso electoral en el cual el tema puede dar para ganar o perder votos en el curso del debate político, por cuanto en lo que se refiere a la alta política vender o conservar los activos del Estado en determinadas áreas consideradas estratégicas depende de la conveniencia pública. En ese aspecto, frente a los que suelen preguntarnos sobre cual debe ser la postura doctrinaria de lo conservador ante la propuesta ministerial, al respecto la doctrina conservadora es un tanto ecléctica, en el sentido de que puede ser conveniente o inconveniente, según las circunstancias y los objetivos que se tengan en materia de desarrollo. Así que el ministro Cárdenas no es un indoctrinario por anunciar la intención del Gobierno de Juan Manuel Santos de vender Isagén.

Otra cosa distinta es que el conservatismo y algunos elementos de orden de otros partidos en el pasado hayan coincidido en la política de fortalecer el Estado, de invertir los dineros públicos en proyectos que han contribuido al desarrollo nacional. En el caso de la electricidad durante buena parte del siglo XX las empresas que generaban energía en Colombia en su mayoría eran privadas, como la de Bogotá y otras ciudades. Se trataba de empresas modestas locales. Cuando el Estado asume la responsabilidad de generar energía para el desarrollo se produce un ostensible crecimiento de la capacidad de producir electricidad, lo que beneficia la expansión  de la industria y el comercio nacional, como la incorporación de nuevas ciudades y extensas zonas a la productividad... Sin la intervención del Estado no habría llegado la electricidad a las regiones más apartadas, puesto que por lo general los privados no arriesgaban sus capitales en empresas a largo plazo, cuando con la misma inversión podían ganar más en las ciudades y zonas cercanas las mismas. En gran medida en materia de desarrollo nos quedamos atrás por cuanto se descuidó la inversión en la periferia del país, lo que dificultó el desarrollo y ha sido un peso muerto que ha favorecido la violencia, puesto que en esas zonas donde prevalece la ley del más fuerte, se encuentra el mayor potencial de la riqueza nacional

El ministro Cárdenas, en su propuesta de vender este activo estatal sostiene que: al sacar al mercado 57.66% de las acciones de Isagén se obtendrían 4,5 billones de pesos. Dineros que, según asegura el alto funcionario, se utilizarían en el 2014. Es decir, no se trata de disponer de esos fondos con fines inmediatos electorales, como aducen algunos. A su vez, por la prosperidad de la empresa, su solidez, las inversiones hidroeléctricas en otras zonas del país, se considera que venderla ahora, antes que entre a funcionar la Hidroeléctrica de Sogamoso, determinaría que el que compre se beneficie de las utilidades seguras que van a producir esas cuantiosas inversiones en poco tiempo. Otro argumento decisivo para no vender es de hecho incontrovertible, no es necesario vender para conseguir recursos e invertir en infraestructura. Isagén es una prestigiosa empresa que con la generación de energía con la que cuenta en la actualidad y la que entraría en producción el año entrante, al solicitar préstamos en el exterior tendría una acogida favorable, la banca foránea que entrega dineros a más bajos intereses que la local, podría prestar esas grandes sumas que espera el Gobierno de la venta de Isagén, que se pagarían en poco tiempo con las utilidades de esa empresa  Así que como negocio no es particularmente brillante vender Isagén.

El debate sobre la venta de un activo tan importante del Estado como es Isagén está a la orden del día, existen experiencias internacionales positivas en el manejo por cuenta de la empresa privada de servicios públicos, lo mismo que ejemplos nefastos de especulación, mala administración y transgresiones de toda índole como en el famoso caso de los entuertos de la Enron en los Estados Unidos. Una equivocación en materia de energía sería un atentado fatal contra el crecimiento del país, que Colombia no debe permitir, más cuando pende la paz no tanto del uso de la fuerza, sino de la capacidad de desarrollar la periferia del país. El argumento en el sentido de que los privados podrían producir y vender energía más barata es una falacia, que no resiste el menor análisis.

En el país ha surgido una curiosa polémica mediante la cual se califica a los políticos y economistas que erigieron las grandes empresas del Estado que han producido o producen enormes beneficios monetarios al erario, como malos políticos y malos economistas por haber empleado el Estado para impulsar el desarrollo y el crecimiento. A la inversa, la nueva escuela de los neoliberales criollos afirma que los buenos economistas son los que venden esas empresas del Estado sin importar que generen enormes utilidades al fisco. No compartimos ni uno ni otro concepto, según lo determinen las condiciones políticas puede ser tan bueno lo uno como lo otro, lo que en ningún caso es conveniente es empobrecer al Estado porque eso significa con el tiempo aumentar las aulagas de la población.