* Violencia regional, una amenaza mayor
* Divisionismo como estilo gubernamental
La violencia en las regiones es la mayor preocupación de los colombianos. Por lo mismo no es coincidencia que una parte importante de los pronunciamientos de la Iglesia Católica, en estos tiempos de Semana Santa, vayan dirigidos, precisamente, a que se movilicen las voluntades y los recursos institucionales y nacionales necesarios para hacer frente a esta preocupante situación.
En entrevista dominical con este Diario, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, cardenal Luis José Rueda Aparicio, no dudó en advertir que “la situación en los territorios es muy grave. Las disputas territoriales por parte de distintos grupos armados, buscando apoderarse de las economías ilegales del oro y de la coca, ponen en altísimo riesgo la vida de miles de familias colombianas”.
En igual sentido se pronunciaron los obispos en su mensaje principal al inicio de la Semana Mayor: "Los desafíos que surgen, una y otra vez, como resultado de la fuerza de la violencia que tiende a escalar, merecen todo el rechazo de la sociedad en su conjunto y la toma de medidas necesarias, para garantizar la convivencia y los derechos humanos personales y comunitarios. Al mismo tiempo, esos hechos no nos pueden vencer imponiendo un camino diferente al del diálogo y a centrar la palabra, como la mejor y más poderosa herramienta para superar los conflictos sociales, políticos, comunitarios y familiares".
Incluso, el propio papa Francisco, en su homilía del Domingo de Ramos, la que no pudo leer debido a quebrantos de salud, hizo referencia a la violencia que azota a los territorios en Colombia. Se refirió en específico a lo ocurrido en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia, en donde fueron asesinados una mujer y un menor de edad. El Pontífice incluso recordó que “esta comunidad en 2018 fue premiada como ejemplo de compromiso por la economía solidaria, la paz y los derechos humanos”.
Si se analizan estos pronunciamientos es evidente que todos tienen como trasfondo principal la inseguridad y la crisis socioeconómica que está primando en muchas zonas del país. De hecho, el Cardenal recalcó sobre este tema que “las mayores preocupaciones de las familias de nuestras comunidades tienen que ver con el respeto a la vida humana, muchas veces amenazada por la delincuencia en todas sus formas. Preocupa todo lo referente a la salud y las posibilidades de empleo digno”.
Otro de los desafíos que la Iglesia ve en esta difícil coyuntura nacional se refiere a la marcada polarización y divisionismo en la dirigencia y la sociedad colombianas. De allí la insistencia en que se demuestre la suficiente voluntad para buscar puntos de encuentro, de disposición al diálogo y la concertación.
En ese sentido, el Cardenal Primado sostuvo que el “acuerdo nacional es una necesidad. Debería ser un acuerdo donde tengan asiento todos los sectores sociales y las regiones. Ese es el mejor camino para superar la polarización, la dispersión y la fragmentación de la sociedad colombiana”.
Como se sabe, aunque dicho “acuerdo nacional” ha sido planteado por el gobierno Petro a lo largo de sus veinte meses de mandato, no ha demostrado una capacidad de concertación real y efectiva, no solo en cuanto a los principales proyectos de reforma, sino de cara a delinear de manera conjunta con otros sectores políticos, económicos, sociales e institucionales, el rumbo de un país que hoy por hoy es claro que no tiene norte.
Un ejemplo de esa tendencia imperativa se da con la accidentada convocatoria presidencial a una asamblea constituyente. Un ejercicio político que no parte de la búsqueda de consensos ni se plantea con ese objetivo final. Por el contrario, se propone como un desafío frontal a las instituciones y a la vigencia misma de la Constitución de 1991, queriendo incluso desconocer el rol del Congreso, pese a que este tiene claro origen popular, democrático e incluso fue elegido por una votación mayor a la del hoy Jefe de Estado.
Visto todo ello, el llamado de la Iglesia en estos momentos de incertidumbre nacional debe ser atendido. En lugar de profundizar la polarización y el discurso del odio, la dirigencia colombiana debe propender por encontrar una ruta hacia unos primeros puntos de encuentro. Le corresponde al presidente de la República, en su rol constitucional de simbolizar la unidad nacional, liderar esa búsqueda de concertación, pensando siempre en el interés general. Sin embargo, el mensaje desde la Casa de Nariño va en la dirección contraria: dividir y confrontar.
Bien lo recalcó el Cardenal: “Las reformas que se presenten deben orientarse al bien de todos los colombianos, requieren siempre el debate argumentado, con respeto y con responsabilidad. Tanto los congresistas como el Ejecutivo, igualmente todos los poderes del Estado, deben buscar siempre el bien común. Más que defender posturas ideológicas, deben esforzarse por defender los intereses de todos los ciudadanos”.