A  medida que los altos funcionarios ven cerca el final de su respectivo período, es normal que vayan consolidando los cortes de cuentas sobre lo realizado durante su gestión. Se trata de un hecho normal que no sólo debería ser incentivado en todos los niveles de la administración pública, sino que, en el caso específico de los entes de control, tendría que dar lugar a que otras instancias revisaran esos resultados, con el fin de determinar los pasos a seguir en materia de mayor prevención o ajustes al sistema de sanción.

Esa reflexión es más válida frente a los informes que en distintos escenarios están rindiendo en los últimos días algunos entes de control. En la edición de ayer, por ejemplo, se hizo referencia a un consolidado que la Procuraduría General envió a la Corte Constitucional sobre lo hecho en materia disciplinaria en el campo de la protección del derecho a la salud.

Y también caben dentro del mismo escenario de análisis las impactantes cifras dadas días atrás por la Contraloría General en torno de lo realizado durante la gestión de Sandra Morelli, cuyo período termina en agosto próximo. Los datos fueron revelados durante el Segundo Congreso Internacional de Derecho de Seguros-Actuales Paradigmas Jurídicos, realizado en Santa Marta.

De acuerdo con el ente de control, un total de 4.536 procesos de responsabilidad fiscal por 13 billones de pesos se adelantan. A la par de ello, se han proferido 1.268 fallos por un monto aproximado a los 2,5 billones de pesos, en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 25 de marzo pasado. También se informó que en recaudos y beneficios logrados con la labor de jurisdicción coactiva y los procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares que se han archivado por pago, por reposición del bien o por resarcimiento del daño patrimonial, la Contraloría sumó aproximadamente $ 17 billones.

Igualmente se hizo una comparación entre los resultados de esta gestión frente a la del anterior titular del ente de control fiscal. Se dijo, por ejemplo, que en jurisdicción coactiva la variación es del 227 por ciento. Igual que hubo un incremento del 1.192 por ciento en la cuantía en los procesos fallados con respecto al período anterior. Además, se destacó que entre los procesos verbales y los ordinarios se redujo en un 50 por ciento en promedio el tiempo que transcurre entre la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y el momento en que se produce el fallo.

Se trata, sin lugar a dudas, de cifras y porcentajes muy importantes. No en vano en varias ocasiones desde estas páginas se ha ponderado la labor de Morelli al frente de la entidad. El corte de cuentas que ahora presenta la Contraloría debe ser analizado y sopesado, no porque se dude de los resultados, sino porque, sea cual sea su sucesor o sucesora, hay un camino avanzado que debe mantenerse, al tiempo que corresponde evaluar cuáles son las reformas y ajustes normativos que se requieren para hacer más eficaz la fiscalización así como para disminuir los factores de riesgo que llevan a que los funcionarios de cualquier nivel pongan en peligro el erario.

Como se dijo, de poco sirven los informes de gestión o las rendiciones de cuentas cuando de éstos no se deriva, tras un análisis objetivo a cargo de las entidades de los tres poderes públicos, un marco de enseñanza sobre las medidas a adoptar en el corto, mediano y largo plazos.