La violación sistemática de derechos humanos en el vecino país es de tal magnitud que no sorprendieron las graves conclusiones del informe dado a conocer ayer por la “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela”. Según ese reporte, la dictadura de Nicolás Maduro ha cometido delitos graves y de lesa humanidad en el marco de su represión violenta a la oposición y la ciudadanía que protesta por el fraude electoral perpetrado por el régimen para desconocer el triunfo de Edmundo González en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

Lamentablemente, para nadie en esa atribulada nación, así como en la comunidad internacional resulta una sorpresa lo advertido por esta comisión de la ONU, creada en 2019 y cuyo mandato ha sido renovado en varias ocasiones. Todos han sido testigos de la multiplicidad de infracciones cometidas por la satrapía chavista en los últimos dos meses y medio, perpetradas tanto por las fuerzas de seguridad y una justicia cooptada por el régimen, como por ‘comandos’ de civiles armados y encapuchados que pululan por muchas ciudades y municipios atacando cualquier foco de reclamo democrático.

La misión advirtió de torturas, miles de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual e incluso prácticas intimidatorias para que los capturados de forma ilegal se incriminen de delitos tan graves como el terrorismo. También trajo a colación la casi treintena de muertos durante las marchas de protesta que siguieron a la cita en las urnas.

En el informe se documentan “con gran detalle” violaciones de los derechos humanos y crímenes de represión sin precedentes en ese país, sobre todo durante el reciente periodo electoral. Todo como parte de un plan coordinado para silenciar a los nichos poblaciones opositores o percibidos como tales. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad.

Lo importante ahora es que la Corte Penal Internacional (CPI) revise este informe y lo adicione al expediente que le tiene abierto hace varios años a Maduro y su cúpula política y militar. Desde distintos sectores venezolanos e internacionales se ha urgido al tribunal supranacional que emita una orden de captura contra el jefe del régimen y todos sus cómplices, con el objetivo de juzgarlo por los delitos graves y de lesa humanidad. Constituye una mácula para la democracia, los derechos humanos y la justicia universal que esta dictadura continúe en el poder, actuando de manera impune, creyendo que tiene una especie de ‘patente de corso’ para incurrir en todo tipo de abusos y atropellos.

Cada vez está más claro que la mayoría de los gobiernos y entidades multilaterales condenan al gobierno chavista e incluso reconocen a González −que se vio obligado a asilarse en España ante el peligro inminente para su vida y la de su familia− como el legítimo presidente electo.

Los controvertidos intentos de mediación de los gobiernos de México, Brasil y Colombia no fructificaron, ya que Maduro nunca accedió a presentar las actas electorales, pues si lo hacía se evidenciaría aún más el tamaño del fraude. Aun, ayer la nueva mandataria manita, Claudia Sheinbaum, contrario a su páter político y ahora expresidente López Obrador, advirtió que será “imparcial” ante la situación en Venezuela. El también izquierdista jefe de Estado brasileño, Inácio Lula da Silva, ya había renunciado a su rol de buenos oficios por la negativa de Caracas a revelar los datos de los comicios. Es más, ahora el fiscal general venezolano lo tacha de ser una “ficha de la CIA”.

Y, por los lados del rol que jugó el presidente Gustavo Petro frente a buscar una salida a la crisis por la trampa electoral chavista, el exmandatario Juan Manuel Santos advirtió esta semana que el Gobierno colombiano “… no está haciendo nada frente a Venezuela” y lo acusó de asumir una postura ambivalente. Incluso advirtió que se estaba prestando “para poder mediar, pero hay un momento donde la mediación se vuelve es complicidad, y ese límite creo que ya lo pasamos”. De allí que urgiera de la Casa de Nariño una posición mucho más fuerte y determinante, ya que la ambigüedad evidenciada está permitiendo que el “régimen se atornille”.

Como lo hemos reiterado en estas páginas, frente a la dictadura venezolana solo hay una alternativa: redoblar la presión política, económica, jurídica e internacional para que acepte su derrota en las urnas, sin darle margen alguno de negociación ni tampoco una ventana de impunidad. González, el verdadero presidente electo, debe asumir en enero próximo y dar inicio, junto a la incansable María Corina Machado y millones de ciudadanos, a la transición democrática y el renacer de la institucionalidad y la vocación de futuro del bravo pueblo.