*Colombia a la ofensiva

*Coincidimos con el Gobierno

El presidente Juan Manuel Santos, en alocución anoche a los colombianos,  dijo en buen y categórico castellano: todos los habitantes de nuestro país seguimos indignados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, rechazamos de manera inequívoca y pública el expansionismo abusivo de Nicaragua.

Con firmeza, el Jefe de Estado declaró que después de analizar los estudios y conceptos jurídicos, se ratificaba en lo que dijo la misma tarde en que se produjo el fallo a finales del año pasado: la decisión es inaplicable. Ratificó el Presidente que el mandato que le dieron los colombianos era para defender y hacer cumplir la Constitución y que no bajaría la guardia en ese objetivo en ningún momento. A renglón seguido dejó muy en claro que se tomó todo el tiempo que consideró necesario para de manera patriótica, prudente, acuciosa  y oteando el futuro, asumir la decisión que consideró más conveniente para la existencia de  Colombia, informado de antemano de los distintos pareceres de los expertos internacionales y las ambiciones del gobierno de Nicaragua.

En su histórica intervención Santos explicó a la Nación que se creaba una barrera infranqueable contra los abusos de ese país centroamericano mediante el expediente de “declarar la unión de dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena”. Se acuerda, así, de manera solemne un no al fallo injusto de la Corte Internacional de Justicia, por inconducente e inaplicable. Todo ello en el entendido de que el pronunciamiento  judicial para que tenga alguna viabilidad debe ser condicionado por un tratado entre las partes, es decir Colombia y Nicaragua. Por tanto, dentro de esa nueva estrategia nuestro país consolida su soberanía integral sobre el archipiélago al avanzar en la declaratoria de Zona Contigua Integral, que une toda el área. Se proclama, por igual, la preservación de la zona de la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower, que es patrimonio de la humanidad.

Las razones del Presidente están apegadas al derecho nacional e internacional, en el entendido que, como democracia y país civilizado, respetuoso de las fronteras terrestres y marítimas entre las naciones, tiene como primera obligación respetar la Constitución y las leyes de la República, las mismas que no permiten que terceros modifiquen nuestras fronteras mediante arbitrios o fallos que las vulneran. Por tanto y para ajustarse a plenitud al derecho, el Jefe de Estado le pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre el tema. Recordó Santos, de paso, que existe jurisprudencia que le impide acatar el fallo de la Corte Internacional.

Destacó el gobernante que ha estado muy activo en  la defensa de la soberanía nacional en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, los cayos y nuestro mar en la zona, así como de los derechos de los isleños colombianos, amenazados por la presión expansiva de Nicaragua. Para garantizar la política nacional en esa región el Gobierno dispuso de un ambicioso plan de inversiones en beneficio de los sanandresanos, con programas en materia de salud, de educación, de vivienda, de tecnología, de infraestructura, de energía, y se fortaleció la protección y el apoyo a la comunidad pesquera. Se trata de inversiones que se decidieron de consuno con los isleños, atendiendo sus prioridades. Los recursos duplican la inversión anual histórica en este Departamento y ya son una realidad que se viene ejecutando a buen ritmo.

Los puntos clave del Gobierno coinciden con numerosos editoriales de EL NUEVO SIGLO en defensa de nuestra soberanía y los derechos de los nacionales. Recordó el Presidente que se denunció el Pacto de Bogotá, por lo que nos retiramos de ese acuerdo que reconoce la jurisdicción de la Corte de La Haya. Eso se hizo como medida previa en el sentido de ganar tiempo para desarrollar una estrategia política, jurídica, en procura de reforzar y consolidar los derechos de los colombianos sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al explicar los alcances de la denuncia del Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional, el Mandatario dijo que se hacía con la finalidad de consolidar la tesis que establece que “los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de La Haya”. Esto último debido a que el artículo 101 de nuestra Carta manda que "los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República".

Para blindar esa política integral de defensa de la soberanía frente a las ambiciones insolentes y desmedidas de Nicaragua, el Presidente Santos anunció que se expidió un decreto que se refiere a los convenios del derecho internacional que les reconoce  a todas nuestras islas unas áreas marítimas fundamentales dos elementos: el mar territorial y la zona contigua. Se trata de áreas nuestras que no pueden ser desconocidas de manera ligera y arbitraria. De esta forma, como Nación soberana que somos, el  decreto establece los derechos de jurisdicción y control que nos reconoce el derecho internacional sobre dichas zonas. Funciones que en ningún instante, antes ni después del fallo de La Haya hemos dejado de cumplir.

Por esas mismas razones insistió el Presidente que el desatinado fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, salvo que haya un  tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución. Esa será la tesis que Colombia se compromete a defender en las instancias nacionales e internacionales que corresponda.

De esta forma, la estrategia gubernamental implica que Colombia se une monolíticamente en la defensa de su soberanía, que fue burlada por el fallo de La Haya. En el flanco externo nuestro país pasa ahora a la ofensiva diplomática al más alto nivel, empezando con ir a las propias Naciones Unidas. Les corresponde a los países que respetan el derecho y  el orden internacional, defenderse en el mismo campo cuando le vulneran su integridad nacional.

Esta Casa Editorial, que ha defendido con insistencia insobornable la integridad de Colombia desde cuando se inició en mala hora la demanda inicua de Nicaragua, comparte a plenitud el pronunciamiento enfático del presidente Santos, que interpreta no solamente la postura expresada en numerosos editoriales, sino el sentir de todos los colombianos que aman entrañablemente su Patria. De allí que acompañamos al Estado en tan justa, noble y sublime empresa.