​​​​​​​No pocas alertas se han lanzado alrededor de lo complicado que resulta que, a la par de la campaña para las elecciones regionales y locales, que culmina el próximo domingo, se estén llevando a cabo otros procesos claves como la escogencia de los directores de las corporaciones autónomas regionales y los personeros municipales.

Para nadie es un secreto que dichas corporaciones generan un pulso político y burocrático entre muchos sectores partidistas regionales, en tanto que la selección de los personeros en más de 1.100 poblaciones tampoco se puede abstraer de las contingencias propias de las contingencias de poder a nivel local.

En ese orden de ideas, resulta muy preocupante el campanazo dado ayer por la Procuraduría General en torno a que en por lo menos 300 municipios que no se ha cumplido adecuadamente con el proceso de concurso de méritos para la elección de personeros 2024-2028.

Como se sabe, los concejos debían desde hace meses que contratar instancias como la Escuela Superior de Educación Pública (ESAP) o universidades de reconocida trayectoria para que adelantaran un concurso de méritos que permita convocar, examinar y proyectar una lista de elegibles para dicho cargo. Esa baraja de candidatos, en donde debe primar la meritocracia y la experticia, se deja lista para que los cabildos que sean elegidos el próximo domingo y se posesionen el próximo 1 de enero, realicen la respectiva escogencia del funcionario que representa al Ministerio Público a nivel local, especialmente en lo referencia a la vigilancia y garantía de cumplimiento de los derechos fundamentales.

Sin embargo, la Procuraduría denunció que en trescientas poblaciones los concejos no han definido el operador para realizar las pruebas y tampoco han tenido en cuenta el presupuesto ni la logística para tales propósitos. Estas falencias en criterio del ente disciplinario, podría desencadenar en graves retrasos para el cumplimiento de esta delicada labor.

No es un tema menor, ya que la anomalía se registra en el 27 por ciento del total de los 1.103 municipios del país, en donde, además de ser vulnerables a alteraciones de orden público, existe un alto riesgo de no contar con la lista de elegibles para elección de personeros.

Más complicado aún es que en la lista de alertas figuran ciudades capitales como Armenia, Florencia, Popayán, Cúcuta, Ibagué y Santa Marta.

Es imperativo que se adopte un plan de choque para hacer frente a esta situación que, una vez más, pone en evidencia los esguinces generalizados a la institucionalidad en muchos sectores del país.