Insólito y grave. No de otra manera se puede calificar lo denunciado esta semana por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en torno a que "en un hangar del aeropuerto de Bogotá (...) actualmente se almacenan unos 20.000 cuerpos sin identificar".
Era previsible que una denuncia de semejante magnitud generaría impacto nacional e internacional de alto calado. Y, precisamente por ello, los expertos que integran dicho Comité y que actúan de forma individual y no dentro de la estructura formal de Naciones Unidas, debieron confirmar una información tan delicada antes de publicarla. De hecho, riñe con toda lógica y sentido común siquiera considerar que algo así sea real y menos en un aeropuerto que, como El Dorado, es el primero en transporte de carga y segundo en pasajeros en América Latina.
Según el embajador de Colombia ante la ONU, los autores del informe dijeron que recibieron "información creíble" por parte de "una entidad estatal". Es urgente que la Cancillería, más allá del comunicado de protesta emitido el viernes en donde desmiente la existencia de tal hangar, exija una respuesta clara y contundente del ente multilateral sobre cuál fue esa entidad colombiana que proporcionó el falaz y terrorífico dato.
Hay que llegar al fondo de esta situación, iniciar las investigaciones del caso e imponer las sanciones a que haya lugar. Por más que la propia ONU en Colombia se empezara a desmarcar del informe del referido Comité y abriera la puerta a corregirlo, el daño a la imagen del país, sus autoridades e institucionalidad, está hecho.
¿Cómo es posible que el cuerpo diplomático colombiano acreditado ante las principales instancias de la ONU no se percatara a tiempo de semejante despropósito? ¿No es acaso una de sus funciones estar atentos a las misiones, visitas, audiencias y demás procesos para la elaboración de informes de las entidades multilaterales para evitar distorsiones, informaciones erradas y conclusiones apresuradas o, como en este caso, claramente falaces e irresponsables? ¿No queda demostrado con este controversial episodio, una vez más, que la política internacional de Colombia está distraída en discursos y posturas polémicas, marcadamente ideologizantes e incluso arcaicas, en lugar de concentrarse en la defensa de los intereses estratégicos de la nación?
Es imperativo obtener una rectificación contundente por parte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y coordinar con el ente multilateral mecanismos para que esta clase de graves circunstancias no se vuelvan a presentar.