* Los retos de una reforma en ciernes
* Cobertura y sostenibilidad, prioridades
Una vez más se está analizando la posibilidad de presentar una reforma al sistema pensional. Aunque el Gobierno había anunciado que la presentaría en el segundo semestre, es posible que decida aplazarla para el próximo año, toda vez que la agenda legislativa económica estará muy movida en la legislatura que arranca el 20 de julio. Los proyectos de reforma tributaria, ley de Desarrollo Rural, Código Minero así como la iniciativa para aplicar el nuevo plan de vivienda gratis para los más pobres, sumadas a las iniciativas que ya están en trámite (como la relacionada con las acciones de Ecopetrol), centrarán la atención de las comisiones especializadas y las respectivas plenarias.
Es claro que una modificación al régimen de jubilación de los colombianos que los cubra durante su vejez o en caso de invalidez o muerte, requiere de sesudos y detallados debates, no sólo por las profundas implicaciones e impacto público de un ajuste en este campo, sino porque son muchos los sectores que querrán participar y exponer sus puntos de vista ante el Parlamento. Además, siempre está de por medio la presión sindical y la alta posibilidad de paros y movilizaciones de trabajadores en todo el país.
El Ejecutivo ha dicho que la reforma pensional es necesaria en la medida en que hay cerca de dos millones y medio de personas en edad de jubilarse pero no están incluidas en el sistema, ni en el de prima media como tampoco en el de ahorro individual.
Ampliar la cobertura y el nivel de inclusión del sistema no es nada fácil. Son múltiples los diagnósticos realizados en torno de las debilidades del actual esquema y la urgencia de reformar a fondo la llamada “Ley 100”, que tras 18 años de vigencia y algunos cambios parciales, terminó convertida en una especie de colcha de retazos. Las deficiencias son más que evidentes, según las cifras que maneja el Gobierno: cerca de 14 millones de colombianos ocupados no ahorran para su vejez; de los 4 millones 700 mil colombianos mayores de 65 años sólo el 27 por ciento se encuentra pensionado; la Nación sufraga anualmente alrededor de 28 billones de pesos para cubrir el faltante en materia de pensiones, “dirigido a tan sólo 1,4 millones de colombianos que hacen parte de la población con mayores ingresos del país”...
Es claro, entonces, que se requiere un ajuste. Sin embargo, la discusión radica en la profundidad del mismo. Para el Gobierno, según lo expuesto por el Presidente de la República ante la Asociación de Fondos de Pensiones, la clave está en generar cambios para que el sistema no tenga un carácter regresivo, es decir, que no “siga siendo un mecanismo de redistribución de la riqueza de los más pobres hacia los más ricos”. Aquí, claramente, el debate se centra en la forma en que las mesadas no guardan relación con los aportes realizados por el jubilado durante su vida laboral efectiva. Y allí es obvio que el horizonte es desmontar los regímenes especiales y excepcionales de jubilación, lo que no sólo implica la dificultad de enfrentarse a derechos adquiridos sino la oposición de quienes son beneficiados con esas gabelas.
El otro gran debate se da respecto de la sostenibilidad del sistema y su financiamiento a largo plazo. En esta dirección la última movida gubernamental fue la creación de Colpensiones, que tiene por objeto garantizar el funcionamiento del régimen de prima media. Igualmente se activó el mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) que les permitirá a quienes devengan menos de un salario mínimo mensual proyectar un ahorro que les permita jubilarse.
Pero todavía falta mucho. El problema es estructural y, por lo tanto, requiere una reforma en los mismos términos. La universalidad, equidad y sostenibilidad financiera del sistema, así como la transparencia y el complicado debate sobre si es necesario aumentar las edades de jubilación, dado el incremento de la expectativa de vida de los colombianos, son toda una papa caliente que más temprano que tarde debe ser enfrentada.