A  medida que avanza la negociación en La Habana entre el Gobierno y las Farc, en el día a día de Colombia hay una palabra que se ha venido generalizando y que, con el correr de los meses, prácticamente se ha vuelto transversal a todas las agendas en lo público y lo privado. Se trata del vocablo “posconflicto”. Ese término se escucha ya en muchos ámbitos como en la formulación de planes de desarrollo regional y local; los énfasis de las reformas previstas en la educación o la justicia; algunos programas universitarios, técnicos y tecnológicos; los nuevos campos laborales que se abrirán en la próxima década; los nortes que deben señalarse al formular políticas públicas en materia urbanística y de flujo poblacional; los delineamientos relacionados con la reingeniería en la producción rural y ambiental; los procesos de socialización que deben llevarse a cabo con las comunidades a lo largo y ancho del territorio; los porcentajes y cupos especiales que tendrían que destinarse para ubicar, atender y reinsertar plenamente a la vida civil a los desmovilizados; las columnas vertebrales en las políticas de orden público y seguridad urbana que deberán ponerse en práctica si la guerrilla efectivamente termina desarmándose; los rubros económicos que se potenciarían en caso de que se aclimate la terminación definitiva del conflicto armado interno…  Es más, ya en las escuelas y colegios es común escuchar a los profesores hablarles a sus alumnos sobre lo que pasará si el proceso de paz llega a buen término.

Y qué decir de lo que se ve en el Congreso, en donde los senadores y representantes a la Cámara de forma cada vez más frecuente, al debatir sobre los alcances de determinado proyecto de ley o reforma constitucional, piden que las normatividades bajo estudio estén dando un paso adelante y se acoplen con las exigencias que tendrá el país en poco tiempo en el marco del posconflicto.

Es más, una de las normas más importantes aprobada durante este Gobierno, la Ley de Reparación a Víctimas y de Restitución de Tierras, está considerada como el más claro ejemplo de una medida propia del posconflicto, ya que su énfasis no es otro que el de resarcir a los afectados por la guerra, en el marco de la llamada justicia transicional.

Si bien es muy positiva la confianza creciente en el pronto desarrollo del proceso de paz en Cuba, debe llamarse a la precaución en torno de que, como se dice popularmente,no por madrugar, amanece más temprano.

En otras palabras, lo primero que tiene que promoverse desde las más altas esferas es la definición y delimitación clara, concisa y concreta de lo que es el posconflicto y lo que no es.

Esa tarea es urgente para evitar que bajo la urgencia de preparar al país para la implementación de un eventual acuerdo de paz, se cobijen programas, proyectos, reformas, acciones, obras y otro tipo de ejecutorias que no tienen una relación directa con el objetivo de superar y reparar los daños dejados por décadas de guerra, barbarie y deshumanización.

No hay que perder de vista que para este último objetivo los presupuestos de que se está hablando son billonarios y requerirán periodos de aplicación e inversión superiores incluso a una o dos décadas.

En síntesis, es urgente que se evite el manoseo, desgaste o malinterpretación de lo que es y significa el posconflicto. Para ello se requiere un trabajo serio y estructurado de pedagogía en todos los niveles, así como de socialización en todo el territorio.