- Preocupantes casos de infracciones a la cuarentena
- No se puede poner un uniformado en cada esquina
Colombia está empezando a transitar la etapa más complicada de la pandemia del Covid-19, luego de un mes largo de haber detectado el primer caso positivo de este coronavirus. Los análisis de la curva epidemiológica indican que en las próximas dos semanas el número de personas infectadas, pacientes críticos y decesos aumentarían pues se camina hacia el pico de la enfermedad viral. Los reportes diarios del Gobierno y las autoridades sanitarias insisten en que si bien ya vamos rumbo a los 2.500 casos positivos y 80 fallecidos por esta causa, la cuarentena general a que está sometida el 90 por ciento de la población desde hace más de dos semanas ha logrado contener la expansión del virus, desacelerando el ritmo de contagios y evitando que el sistema de salud se vea desbordado, sobre todo en cuanto a la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. En medio de una situación tan delicada, el número de recuperados constituye un aliciente para seguir extremando los protocolos sanitarios, sobre todo los preventivos.
En ese orden de ideas, es evidente que gran parte de la responsabilidad de ayudar a contener la propagación del coronavirus recae en cada uno de los 50 millones de colombianos. A falta de una vacuna fiable para combatir el Covid-19, aunque hay avances prometedores en varios continentes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recalcado que el aislamiento social y la masiva realización de pruebas continúa siendo la principal y más efectiva estrategia para evitar la expansión de esta enfermedad viral y, por ende, contener su nivel de contagio exponencial.
Así las cosas, es imperativo seguir insistiendo en que la cuarentena se cumpla lo más posible. Si bien es cierto que desde un principio quedaron claramente delimitadas las 34 excepciones en torno a las personas pertenecientes a servicios y sectores productivos esenciales que pueden seguir circulando en espacios públicos, es evidente que a diario se ve a una cantidad exagerada de población en las calles, servicios de transporte público, de carga, vehículos particulares, bancos, tiendas, comercios, centros sanitarios y otros lugares abiertos. Si bien una porción importante de esa masa de habitantes tiene soporte y justificación para estar fuera de su residencia, hay un porcentaje que, por el contrario, abandona su domicilio sin tener una necesidad urgente ni válida para correr ese riesgo. Son personas que buscan cualquier excusa para estar recurrentemente en los espacios públicos pese a que se ha insistido por todos medios que resguardarse en casa y evitar lo más posible salir salva las vidas propia y de los demás. Ni siquiera las dramáticas circunstancias que se están viviendo en Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos o en Ecuador llevan a muchos colombianos a tomar conciencia de la gravedad de esta crisis.
Aunque las multas por incumplir el confinamiento obligatorio en los sitios de residencia son cuantiosas e incluso el infractor se expone a una pena de cárcel de cuatro a ocho años (de hecho ya hay más de un centenar de procesados), es evidente que no hay suficiente personal policial ni militar para ubicar un uniformado en cada esquina. Tampoco se puede en estos momentos de emergencia sobrecargar a la Fiscalía ni al sistema judicial con esta clase de procesos, pues las prioridades son otras. Igual los alcaldes, gobernadores y demás personal de las administraciones municipales y departamentales no puede dedicarse a vigilar a los habitantes, ya que deben emplearse a fondo en el fortalecimiento hospitalario, asegurar las cadenas locales de abastecimiento alimentario, blindar la prestación de los servicios esenciales así como viabilizar la entrega de mercados, subsidios y otras ayudas económicas y en especie dirigidas a apoyar a las familias y sectores sociales más vulnerables durante esta grave emergencia. Esta tarea es prioritaria, precisamente, para evitar que las personas tengan que arriesgarse a salir de sus viviendas a reclamar esos aportes.
En los últimos días los alcaldes y gobernadores han empezado a implementar distintas estrategias para controlar aún más el flujo de personas en las calles y demás sitios públicos. Restricciones por género, último número de la cédula, tipo de diligencia a realizar, sector en el que debe transitar y otras variables más destinadas a reducir lo más posible el número de habitantes en las calles, salvo los autorizados por las 34 excepciones. Está en cada padre, madre, hijo, hermano y demás familiares confinados en sus casas actuar con responsabilidad para cumplir y hacer cumplir estas nuevas normas de cuarentena. De lo contrario, como lo advirtiera el Ministerio de Salud, será necesario hacer más drásticas las reglas de aislamiento, aumentar los castigos, disminuir las excepciones... Todo ello, es claro, haría más complicado la estadía en casa de los 50 millones de colombianos.
Así las cosas, el llamado es uno solo: quedarse en casa salva vidas: la propia, la de los seres queridos y la de las comunidades. No se arriesgue.