- Tiempo suficiente para ajustar protocolos
- Las dudas de los padres deben despejarse
El regreso a las clases presenciales para millones de alumnos de escuelas, colegios y universidades está planteado para el 1 de agosto, según lo anunciado semanas atrás por el Gobierno Nacional en el marco del plan de reactivación nacional una vez pase la fase crítica de la pandemia del Covid-19. Tanto el Presidente de la República como el Ministerio de Educación señalaron que se procederá a un modelo de “alternancia”, en donde se combinarán las clases presenciales en las aulas con las virtuales en casa. Ese modelo está condicionado a la aplicación estricta de protocolos de distanciamiento social y bioseguridad en los recintos educativos, cuya definición debe estar en cabeza de las respectivas secretarías municipales y departamentales, con asesoría de expertos en salud. El Ejecutivo ha sido enfático en que la reanudación de las clases en las instituciones solo se hará cuando haya completa y absoluta certeza de que los alumnos no corren ningún riesgo de contagiarse con el coronavirus.
Como es apenas natural, tras el anuncio gubernamental el sector educativo ha empezado a delinear los protocolos para ese eventual regreso a clases a partir del octavo mes del año. Sin embargo, muchos padres de familia e incluso autoridades locales han mostrado su preocupación debido a que consideran demasiado apresurado contemplar la reanudación de la asistencia a las aulas, precisamente en momentos en que la curva de contagios y decesos por esta enfermedad viral aumenta de forma sostenida.
Pero no sólo hay polémica por la fecha en que deben reactivarse presencialmente las escuelas, colegios y universidades, sino también por la posibilidad de que en las aulas los estudiantes puedan cumplir de forma efectiva los protocolos de distanciamiento social y demás normas de bioseguridad. Por ejemplo, una de las discusiones más reiteradas se da en torno a cuántos alumnos pueden tomar una clase en un salón al mismo tiempo, teniendo en cuenta que la distancia entre cada uno de ellos debe estar entre uno y dos metros, lo que aplicado de manera tajante obligaría a reducir de manera sustancial el número de alumnos en las aulas. De igual manera se debate intensamente sobre si los educandos más pequeños podrán apropiarse de las medidas de higiene y prevención necesarias para evitar el riesgo de contagio. No pocos padres advierten que los niños a esa edad por naturaleza son muy dados a la sociabilidad y al contacto físico, y en ese orden de ideas debería contemplarse que continúen en la modalidad de clases virtuales en este segundo semestre del año o hasta que la curva epidemiológica se haya reducido de manera sustancial. También se han escuchado distintos puntos de vista sobre el riesgo que los estudiantes podrían correr en el transporte público o incluso en las rutas escolares, dada la proximidad con otras personas o compañeros, según sea el caso.
Todas esas controversias son válidas. Nada más comprensible que el temor de los padres por la salud de sus hijos. Sin embargo, debe precisarse que el presidente Duque y la ministra María Victoria Angulo han reiterado que no se procederá al regreso de los estudiantes a clases presenciales o semipresenciales hasta tanto no haya absoluta seguridad de que no corren peligro. Todavía faltan más de seis semanas para ese 1 de agosto, un tiempo más que suficiente para que todas esas dudas que hoy persisten sean aclaradas y los protocolos perfeccionados lo más posible. Incluso también está claro que si para esa fecha la emergencia sanitaria todavía se encuentra en un nivel alto, no se procederá al retorno a las aulas. Además, es claro que aquí primará el concepto regional y local, en la medida en que muchos departamentos y municipios tienen realidades epidemiológicas muy distintas, por lo que mientras en algunas zonas la normalización educativa será más rápida, en otras podría demorar un tiempo adicional.
Así las cosas, resulta saludable este debate en torno a la reanudación de las clases y cuáles deberían ser las condiciones para proceder a ello garantizando la máxima seguridad posible para alumnos, profesores y demás personal administrativo y logístico de las escuelas, colegios y universidades. Si bien es entendible la preocupación por el cumplimiento del pénsum académico y la calidad de la instrucción, hay prioridades, entre ellas la salud individual y colectiva. Por el momento hay que seguir mejorando los estándares de la educación virtual y a distancia, que si bien han demostrado su funcionalidad en estos tres meses de emergencia, también quedó claro que falta mucho camino por recorrer para que se convierta en un modelo educativo permanente y eficaz. Como lo hemos reiterado en estas páginas, la crisis sanitaria no tiene antecedentes y todos los días hay que estar implementando ajustes y nuevas políticas para hacer frente a sus nefastas consecuencias, y en medio de ello la educación no es la excepción.