Un debate de marca mayor se abrió luego de la tragedia de una médica cirujana residente de la Pontificia Universidad Javeriana, quien se suicidó el fin de semana, tras lo cual se generó una amplia controversia en torno a si estaba siendo objeto de una sobrecarga laboral y otras anomalías.

Lo primero que hay que indicar es que los hechos que rodearon la muerte de la médica Catalina Gutiérrez Zuluaga son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, los ministerios de Educación y Salud, la propia universidad, así como de otras instancias del gremio de salud. Hay, entonces, que esperar a que se conozca el respectivo dictamen oficial sobre las circunstancias de modo, tiempo, lugar e hipótesis de la causalidad del lamentable fallecimiento de la joven profesional.

En ese orden de ideas, aventurar hipótesis resulta no solo riesgoso, sino irresponsable. Sin embargo, es claro que los pronunciamientos de todas las instancias al respecto de este hecho trágico coinciden en que es necesario hacer una revisión minuciosa de las condiciones laborales, los protocolos académicos, los tipos y modos de relacionamiento entre profesores y talento humano sanitario, tal y como de los mecanismos para salvaguardar la salud física y mental de los médicos residentes e incluso de aquellos que prestan servicio social obligatorio.

No es la primera vez que médicos y otros profesionales de la salud se quejan de las condiciones en que deben llevar a cabo sus funciones en las instituciones públicas o privadas. También debe reconocerse que en los últimos años se han fortalecido los esquemas que permiten regular los deberes y derechos de quienes cursan especializaciones o sus llamados “años rurales”.

Los gremios y asociaciones del sector salud que se pronunciaron sobre esta lamentable pérdida han llamado a que se inicie un análisis de los protocolos laborales y de protección integral a médicos, enfermeros, especialistas, estudiantes y todo el talento sectorial. Hay que establecer la veracidad de la cascada de denuncias de irregularidades hechas en redes sociales y ante los medios de comunicación por profesionales y alumnos, no solo de Bogotá, sino en todo el país.

Para que ello sea posible, hay dos elementos básicos. El primero, respetar la privacidad de la familia de la médica fallecida, que vive una tragedia muy dolorosa. Y, segundo, no politizar un hecho tan lamentable, como se intentó ayer desde distintos sectores gubernamentales.