El marcado clima de polarización política en Colombia no puede llevar a crear narrativas que van en contravía de la realidad y desafían clara y peligrosamente el sentido común.

Una evidencia de ello es la tesis gubernamental en torno a que el hecho de que ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado firmaran una ponencia que pide no aprobar el proyecto de reforma laboral constituye “un bloqueo institucional” y determina el hundimiento indefectible de la iniciativa.

La presidenta de esa célula congresional, senadora conservadora Nadia Blel, ha sido enfática referente a que la firma de la ponencia negativa en modo alguno determina el archivo automático de la iniciativa. Por el contrario, recalca que es a partir de este trámite que se abre la etapa deliberatoria en la comisión, en el marco de la cual los 14 senadores analizan las distintas ponencias radicadas, debaten sus alcances e implicaciones y proceden a su votación.

Así las cosas, no le cabe la razón al presidente de la República como tampoco a varios de sus ministros que, equivocada e insólitamente, sostienen que la comisión séptima se está negando a deliberar sobre el ajuste a la legislación laboral. De hecho, Blel replica que el proyecto lleva adelantado un proceso de análisis y socialización a través de foros y audiencias en distintas partes del país. También se ha discutido con gremios, sindicatos y otras organizaciones políticas económicas y sociales, así como con la academia y otros sectores.

Los procedimientos de trámite parlamentario, detalladamente señalados en la Ley 5 de 1992, se han cumplido al pie de la letra en la comisión séptima. La ponencia firmada por los ocho senadores no está cerrando anticipadamente el debate, sino abriendo la etapa más importante de la deliberación congresional. Negar esa realidad es faltar al sentido común.