*Hay que aceptar difícil panorama fiscal
*No es hora de rebatiña en el Congreso
En medio de la recta final de la campaña electoral y la crisis en la frontera colombo-venezolana, el Congreso viene discutiendo el proyecto de Presupuesto General para 2016. Los debates alrededor del monto y la designación de las partidas para el servicio de la deuda, los gastos de funcionamiento y los rubros de inversión social ya generan muchos choques de criterios, no solo entre el Gobierno y las comisiones económicas de Senado y Cámara, sino también entre distintos sectores nacionales y regionales que urgen mayores recursos. Para nadie es un secreto que este presupuesto está castigado por el impacto en las finanzas públicas de la crisis en los precios del petróleo, la revaluación del dólar y el menor dinamismo del Producto Interno Bruto, que a duras penas superaría este año el tres por ciento. Desde el mismo momento en que la iniciativa se radicó, el Gobierno advirtió que ese monto de 215,9 billones de pesos de Presupuesto para el próximo año, apenas representa un 2,5 por ciento de crecimiento frente al de 2015, y está regido por una ”austeridad inteligente”, que busca priorizar la inversión social, apoyar los sectores productivos más vulnerables y mantener lo más posible la sanidad fiscal, aplicando una política de menos gasto que se tradujo en la reducción de las partidas de recursos a ciento cincuenta entidades, sobre todo en los rubros de personal y gastos generales. Según el Ejecutivo, ese enfoque permite priorizar la agenda de desarrollo económico y social, dirigiendo 40,6 billones a inversión directa. De igual forma recalcó que sectores como la educación, defensa, trabajo, salud, inclusión social, transporte y agro continuaban siendo los de mayor presupuesto asignado, lo que ponía en evidencia que pese a las afugias fiscales, la prioridad de desarrollo social no se ha modificado ni afectado sustancialmente.
Sin embargo, en los debates en el Congreso la lectura no es similar. De un lado están los congresistas que consideran que algunos de los recortes, especialmente el del sector agropecuario, son muy drásticos, precisamente en momentos en que el apoyo económico al campo debe ser mayor, como quedó en evidencia en la preocupante radiografía del atraso rural reflejada en el reciente Censo Nacional Agropecuario. En medio de las sumas y las restas que se suelen hacer en esta clase de discusiones en las comisiones económicas, el recorte para el agro se sitúa entre 1,5 y 2 billones de pesos. El Gobierno ha tomado nota de ese campanazo y si bien se muestra dispuesto a reforzar el presupuesto agrícola, a renglón seguido señala que ello obligará a recortar gastos en otros rubros lo que, como en un círculo vicioso, prende las alertas en esos otros sectores.
También se ha escuchado de los parlamentarios que los ministros no se han mostrado en esta ocasión tan activos como en anteriores debates al Presupuesto General, y que ello respondería a que desde la Casa de Nariño habría la directriz de que al no existir más margen fiscal, no tiene presentación que los titulares de las distintas entidades públicas adelanten el tradicional lobby ante senadores y representantes para forzar una mayor destinación presupuestal, rifirrafe legislativo que siempre deja como ‘el malo de la película’ al titular de Hacienda que, dicho sea de paso, ya en los consejos de ministros explicó a fondo el apretón general.
Tampoco faltan los legisladores que se quejan de que el Gobierno no les está dando margen de acción para introducir partidas de obras y proyectos regionales, fenómeno que es muy propio de las discusiones presupuestales en el Congreso. Igual no es un secreto que muchos parlamentarios suelen prometer lo divino y lo humano en época electoral, pero, ya en Bogotá, se enfrentan a una realidad fiscal muy complicada. Asimismo, estos debates no se pueden abstraer al clima de polarización política entre fuerzas gubernamentales y de oposición, y también se ven influidos por temas y crisis coyunturales, desconociéndose que lo que se discute tendrá aplicación solo a partir del próximo año.
Visto todo lo anterior no queda más que hacer un llamado al Congreso para que el análisis del proyecto de presupuesto general para 2016 se haga con la mayor objetividad posible, siendo conscientes, todos los sectores, de que el palo no está para cucharas.