*Precaria presencia del Estado
*Solidaridad nacional con las víctimas
No nos sorprendió la noticia del siniestro que sufrieron los mineros dedicados a trabajar “clandestinamente” en las minas de Santander de Quilichao, en el Cauca, numerosas veces esa región ha sido noticia por los incidentes con los mineros ilegales que explotan la riqueza aurífera de la región. Las autoridades han procedido en diversas oportunidades a decomisar la maquinaria y explicarles a los mineros los peligros de su labor arañando la tierra en socavones profundos sin cumplir las normas mínimas de seguridad y poniendo en peligro cada minuto sus vidas. Las advertencias oficiales de poco han servido, los cierres de las minas se violan y siempre vuelven los trabajadores a buscar su subsistencia en tan peligrosa actividad. Las cosas se agravan más en la medida que se conoce que grupos violentos proliferan en el área y tienen que ver en las excavaciones que se efectúan a diario. La ley en esas zonas apenas opera ocasionalmente, en realidad es una tierra de nadie en la que impera la ley de la jungla. Se sabe que los pequeños mineros ilegales dependen del dinero que los poderosos clanes de la violencia y la intermediación comercial les suministran para sus gastos básicos y manutención diaria. Lo cierto es que los mineros que extraen oro y otros minerales escasamente suelen ganar lo necesario para un malvivir y llevar un magro sustento a sus hogares.
Cada vez que la ley actúa contra los mineros ilegales, sus defensores aducen que se trata de gentes sin recursos y muy necesitadas que sin esa actividad estarían condenadas a morirse de hambre. Lo que no se advierte es que ellos son apenas los peones de los magnates del negocio, quienes en no pocos casos pertenecen a organizaciones por fuera de la ley. Hace ya varias décadas los violentos se encargan de promover la explotación del coltán y del oro, negocio en el que también están las Farc y revistas tan importantes como la alemana Der Spiegel han denunciado que ese grupo subversivo les vende el coltán y el oro a las multinacionales, así como otros minerales estratégicos. Sorprende saber que hasta no hace poco las autoridades colombianas ni siquiera reconocían la importancia del coltán que salía por nuestras fronteras confundido con materias primas que se usan para construcción y no pagaba impuestos de exportación. En el Guainía, frontera con Brasil, se anuncia otra tragedia minera por cuenta de la explotación “clandestina” que no suele serlo tanto por los pobladores de la zona y las mismas autoridades conocen del hecho ilegal, que toleran o se hacen de la vista gorda.
Los mineros de Santander de Quilichao conocían de la aventura riesgosa en la que se metían al bajar a socavones a veinte metros de profundidad, lo que sin la debida protección así no ocurra ningún accidente fatal, deriva en graves enfermedades respiratorias, incluso cardiovasculares, lo que de manera inevitable les acorta la vida. Aun así corren semejante albur con la esperanza de salir de la miseria y vivir un amanecer mejor que les permita educar a sus hijos. Esa vana expectativa termina por hacerlos caer en la trampa de los socavones en los cuales ya murieron tres personas y se teme por la vida de varias docenas de desaparecidos. En el siniestro que sucedió en Chile en el inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, éste que estaba en Colombia cuando conoció la noticia decidió jugarse todo su prestigio, utilizar los recursos del Gobierno y alta tecnología para salvar a los mineros atrapados y amenazados de morir por asfixia o aplastados por un derrumbe. Frente al noble ejemplo de solidaridad y capacidad ejecutiva que dio el Gobierno chileno, Colombia no puede ser inferior y se debe proceder a una movilización inmediata de las autoridades y de la sociedad para favorecer a las víctimas. Democracia y civilidad van unidas, lo mismo que la solidaridad ciudadana, no basta dolerse con la tragedia, es preciso actuar de inmediato e impedir que más colombianos caigan accidentados por trabajar en condiciones infrahumanas.
El alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, reconoció públicamente que la zona está plagada de grupos armados que están detrás de la explotación ilegal. Además sostiene que es un secreto a voces que en un territorio de cuatro kilómetros en la ribera del río Quintamayó, éstos son los que disponen de la movilización de los trabajadores y las autorizaciones para explotar las minas.