Impactan las cifras dadas a conocer por la Procuraduría General en cuanto a la violencia sexual ejercida sobre niñas, niños y adolescentes en lo corrido de este año y la urgencia de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) revele los avances en la creación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas, mecanismo dirigido a contar con información que permita brindar una respuesta inmediata y eficaz para la prevención de este tipo de agresiones.

Las estadísticas de las autoridades señalan que entre enero y agosto de este 2023 se registraron 8.295 delitos sexuales contra menores de edad, de los cuales 4.605 fueron contra niños y niñas y en 3.690 casos las víctimas eran adolescentes. A ello se suma que el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 12.899 exámenes médicos legales por presunto delito sexual contra menores de edad. De igual forma, por esta causa al sistema de protección del ICBF ingresaron 11.135 infantes y jóvenes, la mayoría de sexo femenino. Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca y Antioquia, las zonas con mayor incidencia de víctimas.

A todo lo anterior, debe sumarse lo relativo a los casos de acoso escolar y la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos educativos. Se han registrado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar un total de 1.351 casos de este tipo este año, la mayoría con víctimas femeninas y con predominio marcado en instituciones educativas oficiales más que en escuelas y colegios privados.

Como se ve, esta es una situación muy complicada que requiere una intervención urgente de las autoridades. Hemos recalcado en estas páginas que Colombia es uno de los países con legislación más robusta para judicializar esta clase de delitos, incluyendo penas muy altas y restricciones drásticas en materia de rebajas de penas o flexibilizaciones penitenciarias.

Sin embargo, esa legislación cada vez más drástica no ha llevado a disminuir de una forma más sustancial estos delitos, más aún porque las mismas estadísticas señalan que en un porcentaje significativo de casos el agresor termina siendo un familiar o una persona cercana al entorno de la víctima.

En el caso de las agresiones en los escenarios educativos, es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de detección preventiva de los signos de riesgo y poder actuar antes de que se concrete la agresión.

Habrá que esperar la respuesta que dé ICBF al campanazo de la Procuraduría para establecer cómo va ese Sistema Nacional de Alertas Tempranas.