Más dudas que certezas fue lo que dejó el nuevo acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla del Eln. Si bien es cierto que las partes pactaron reactivar la mesa de negociación, que se encontraba paralizada desde hace varios meses, no es claro bajo qué bases concretas.

Por ejemplo, en el comunicado expedido ayer no se habló nada de los puntos críticos que llevaron a la congelación de las tratativas, como la exigencia subversiva para que se creará un fondo multinacional para sufragar el mantenimiento de sus tropas, su exclusión de la lista de organizaciones terroristas e incluso la suspensión de los diálogos preliminares con un frente disidente de esa organización ilegal en Nariño.

Tampoco la referida comunicación dijo algo en torno a si se retomará un nuevo acuerdo de cese el fuego. No hay que olvidar que una de las causas de la parálisis de la negociación fue, precisamente, las violaciones continuas y graves del Eln a la tregua, ya fuera por ataques a la Fuerza Pública o afectaciones a la población civil, especialmente con secuestros, masacres, narcotráfico, minería criminal y otros delitos.

En reiteradas ocasiones se ha insistido a la Casa de Nariño que exija al Eln acatar el Derecho Internacional Humanitario, pero el grupo armado ilegal no hace más que esquivar esta solicitud. Tampoco hay luces al respecto ahora.

Otro de los interrogantes se da alrededor de cuál es el nuevo modelo de negociación del que se habla en el comunicado y menos de cómo se van a aterrizar los doce puntos que delineó esa guerrilla en su autodenominada “declaración de principios”. Allí hay asuntos que, si bien son difusos o generalizantes, podrían afectar elementos determinantes del orden político, económico, social e institucional del país.

Por último, pero no menos importante, generan muchas dudas los tiempos de que se hace mención en el comunicado, no solo porque dan a entender que las tratativas, que van a completar ya dos años, se alargarán otro tanto, sino que incluso podríamos estar frente a una mesa que se ‘heredará’ al próximo gobierno.

Visto todo lo anterior, resulta urgente que desde la mesa se despejen estos y más interrogantes. Es claro que el proceso, que ya de por sí tiene un muy bajo nivel de respaldo en la opinión pública, al igual que el resto de los frentes de la política de “paz total”, necesita ganar en certezas y hoja de ruta.