El accidentado trámite del proyecto de ley que establece una reforma laboral –impulsada por el gobierno de turno– ha generado un alud de reacciones en las últimas semanas, sobre todo por el avance de la aprobación de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde ya se les dio visto bueno a 67 artículos y restan 13 por discutir, lo que se hará a partir del próximo miércoles.

Como es apenas obvio, la controversia está a la orden del día, sobre todo el alcance de una parte de lo aprobado. Tanto los partidos independientes y de oposición, como los gremios y el empresariado en general, han advertido que las modificaciones que se están aprobando en modo alguno van a generar empleo estable y de calidad, así como combatir de manera efectiva la informalidad laboral, que ya supera, de acuerdo con el último reporte del DANE, el 56 %. Es decir, que más de doce millones de personas en nuestro país trabajan sin estar afiliados y cubiertos por el sistema de seguridad social.

Si bien es válido que se alerten desde todos los sectores los efectos negativos que pueda tener el articulado de la reforma que está avanzando en la plenaria de la Cámara, es imperativo que la opinión pública, que por obvias razones no es conocedora de la técnica ni naturaleza del trámite legislativo, entienda que dicha iniciativa apenas está cursando el segundo de sus cuatro debates. En otras palabras, ni siquiera ha llegado a la mitad del proceso y, por tanto, nada de lo que hasta el momento ha recibido visto bueno puede darse por sentado o definitivo.

Es más, una vez la referida reforma termine este segundo debate, debe ir a la Comisión Séptima y luego a la plenaria del Senado, en donde los partidos independientes y de oposición, principales críticos de esta iniciativa, son mayoría. Es allí en donde se dará la discusión de fondo y definitiva. Al tenor de lo advertido por muchos senadores, es muy posible que el articulado sea corregido y depurado de forma sustancial en esa segunda parte del trámite legislativo.