- Más allá del decreto que viabiliza proyectos piloto
- Se requiere fallo definitivo del Consejo de Estado
A hoy Colombia cuenta con 9,8 años de reservas de gas y 6,2 años de petróleo. Si bien es cierto que hay una política ambiciosa para aumentar en el corto y mediano plazos la exploración y explotación de hidrocarburos, y que dado el potencial de nuestro país hay mucha confianza en que esos esfuerzos resulten positivos y se amplíe el horizonte de autosuficiencia en la materia, este es un sector productivo en donde nada se puede dar por seguro.
Para la muestra un botón: ayer la Contraloría General emitió un informe según el cual Colombia perderá su autosuficiencia en gas natural a partir del próximo año, pero de inmediato el Gobierno y los gremios sectoriales expresaron una opinión distinta. De otro lado, al tiempo que Ecopetrol anunciaba días atrás sus ganancias récord en 2019, por encima de los 13 billones de pesos, también daba cuenta de que en el mismo lapso incrementó sus reservas probadas de hidrocarburos a 1.893 millones de barriles. Esto significa que la vida media de sus reservas en petróleo equivalente se incrementó a 7.8 años (crudo 7.2 años y gas 10.4 años).
Sin embargo, es evidente que si el país no quiere verse forzado a importar hidrocarburos y derivados antes de que termine esta década, tiene que hacer apuestas más audaces en el campo de la exploración, y ello no solo implica aumentar la actividad de sísmica y de perforación de pozos en todo el territorio, así como las operaciones de búsqueda en altamar, sino decidir, de una vez por todas, si entra o no en la era de los proyectos de explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC). En otras palabras, si permite desarrollar la técnica de la fracturación hidráulica para encontrar petróleo y gas, un método mediante el cual se utiliza un sistema de agua a alta presión y carga química que, literalmente, penetra las formaciones de roca en el subsuelo y libera los hidrocarburos no convencionales que están atrapados dentro de las mismas.
Como ya es de público conocimiento, el fracking es una técnica que genera mucha polémica en el mundo, al punto que mientras en no pocos países está prohibida por considerarla lesiva para el medio ambiente e incluso asociada a movimientos sísmicos, en otras naciones se convirtió en prioridad, como es el caso de Estados Unidos que desde 2008 ha perforado más de 120 mil pozos con este método, lo que le permitió no solo suplir las importaciones de gas y petróleo, sino convertirse en exportador de hidrocarburos, cambiando el mapa geopolítico del crudo en menos de una década.
En Colombia llevamos varios años en esta polémica, ya que la viabilidad del fracking terminó inmersa en una compleja batalla política, social, institucional y jurídica. Gobiernos, Congreso, jueces, tribunales administrativos y las altas Cortes han terciado sin que, hasta el momento, haya claridad al respecto. A ello se suma que los conceptos contradictorios de misiones de expertos a nivel nacional e internacional han convertido este asunto en una especie de ‘torre de babel’ en donde no se sabe quién tiene la razón. Incluso, se ha llegado a la conclusión de que, al final de cuentas, se trata de una decisión estratégica de Estado, tal cual ha ocurrido en muchos países en donde se ha autorizado o prohibido esta técnica de exploración, asumiendo las consecuencias económicas, ambientales e institucionales en uno u otro sentido.
Volviendo a Colombia, si bien ayer el Ministerio de Minas emitió el esperado decreto en el que fija los lineamientos generales sobre lo que llama “Proyectos Piloto de Investigación Integral” para aplicar de forma experimental, científica, técnica, temporal y no comercial el fracking, aún está pendiente que el Consejo de Estado -que autorizó a finales del año pasado la realización de estos proyectos piloto- emita una sentencia de fondo y definitiva al respecto. Aunque muchos sectores del país consideran que debería esperarse a que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo se pronuncie, otros son de la opinión de que lo más conducente es dar un compás de espera para comprobar sobre el terreno, con sustento fáctico irrefutable, cuál es el impacto verdadero y multidisciplinario de la aplicación de esta técnica en Colombia. En ese sentido, los altos condicionamientos en materia de licencia ambiental previa, comités evaluadores independientes, vigilancia multisectorial y la amplia participación de las comunidades circundantes que establece el decreto expedido ayer, terminan siendo determinantes y una garantía.
Sin embargo, cumplir los condicionamientos no será fácil para las empresas que quieran adelantar estos proyectos piloto. El proceso bien podría durar más de uno o dos años para comenzar operaciones sobre el terreno. Si a ello se suma que la inversión es millonaria, lo más adecuado sería que el Consejo de Estado se pronunciara, de una vez por todas, respecto a si es viable o no el fracking en Colombia.