Con preocupación miran propietarios y gremios de la producción las invasiones de tierras que en las últimas semanas se han registrado en el Valle y el norte del Cauca, por indígenas.
Algunos consideran que la intención que tiene el Gobierno nacional de hacer una reforma agraria para que campesinos pobres tengan acceso a la tierra, ha aupado a algunos a querer tomar las vías de hecho, afectando de esta forma la propiedad privada y la tranquilidad.
Este será uno de los problemas que el presidente Petro tiene que atender esta semana, pues hay gran tensión y los propietarios piden la intervención de la Fuerza Pública para defender sus bienes.
Petro dijo hace algunos días que “toda solución al conflicto por las tierras debe pasar antes que nada por el diálogo. Invito al movimiento indígena, a Asocaña y a los movimientos sociales del norte del Cauca a iniciar el primer diálogo regional de Colombia por la Paz”.
En las últimas horas la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, pidió al nuevo Gobierno un “diálogo y la búsqueda de las soluciones pacíficas al conflicto de tierras que se viene presentando en el norte del Cauca con enfrentamientos y acciones que se tornan cada vez más violentas”.
Agregó la política vallecaucana que “mi llamado al nuevo Gobierno es designar de manera inmediata un delegado especial que instale una mesa de diálogo en el norte del Cauca donde participen todos los actores, incluidos los gobiernos locales, y los pequeños y medianos propietarios de las tierras ocupadas”.
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Añadió Toro que “esta tensa situación debe convertirse en una prioridad para el Gobierno que inicia y evitar de esta forma enfrentamientos en los que haya derramamiento de sangre. Se deben construir acuerdos donde se respeten los derechos de todos, incluyendo el derecho a la propiedad”.
Por su parte, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Christian Munir Garcés Aljure, del Centro Democrático, dijo que “la única solución es que la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, acompañada del Ejército, de organismos como la Defensoría y la Procuraduría, cumplan sus competencias en un trabajo integral para hacer respetar la Constitución y las leyes en el departamento del Cauca en este tema particular de la propiedad privada y el derecho al trabajo”.
Mientras que Edwin Maldonado, del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, dijo que “pedimos a las autoridades judiciales que actúen prontamente”. Agregó que hasta el momento van más de seis mil hectáreas afectadas por las invasiones, “solo en este año van mil. Y esperamos que se actúe en materia de judicialización con los actores que están generando estos actos ilegales”.