Esta semana, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, se discutirá el proyecto de Ley por medio del cual se crean lineamientos para el acompañamiento institucional a las comunidades que habitan asentamientos humanos ilegales.

Uno de los autores que presentó ponencia positiva es el representante del Partido Liberal Wilmer Yesid Guerrero, quien asegura que lo que se busca con la iniciativa es mejorar las condiciones de vida a través de acciones que promuevan su integración al entorno urbano, en el marco de los procesos de legalización.

En lo referente a las realidades de las regiones, también se recordó que solo en las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja existen asentamientos humanos que generan una crisis social para más de 300 mil personas. Por eso se impulsará el proyecto de ley para obligar al Gobierno nacional y al Ministerio de Vivienda a generar las políticas para garantizar el acceso a la vivienda para miles de familias que en todo el territorio nacional viven en condiciones de exclusión y terrible pobreza.

Guerrero asegura que “el proyecto obliga a los municipios a que en un término de 12 meses se formule un protocolo de acompañamiento a las comunidades que habitan asentamientos humanos ilegales dentro de su jurisdicción territorial, que tengan como mínimo 10 años de existencia”.

“Dicho protocolo de acompañamiento deberá contemplar una fase de diagnóstico, una fase de análisis de alternativas y ejecución y una de seguimiento”, señala el proyecto.

Por su parte, José Alberto Tejada, representante del Pacto Histórico, presentó ponencia negativa porque, de acuerdo con su exposición, el trámite legislativo de un nuevo proyecto de ley resulta innecesario, pues la resolución de los conflictos que los sustentan puede atenderse de manera expedita a través de las entidades competentes del Gobierno nacional.

Además, asegura que “la creación de un gerente de acompañamiento a la legalización condiciona a las diferentes entidades territoriales a incrementar su planta de personal para garantizar la creación de este cargo, propiciando el incremento de la burocracia local y generando un aumento en sus costos de funcionamiento”.

También asegura que “la inclusión de representantes de la comunidad, en una cantidad indeterminada y sin condiciones claras para integrar el comité, genera un potencial riesgo administrativo para las entidades territoriales, toda vez que se podría abrir la puerta a que organizaciones ilegales o personas con intereses particulares pudieran intervenir de manera directa en la toma de decisiones de los procesos de legalización de los asentamientos, y se podría correr el riesgo eventual de acciones dilatorias o de saboteo de los trámites requeridos”.