LA CRISIS en el sector salud que estalló tras el anuncio de Cruz Verde sobre no entregar más medicamentos que no están en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) a los afiliados de Sanitas se intensifica, al punto de que sectores de oposición política han solicitado investigar al Ejecutivo por la situación.

Como se sabe, la decisión de la red de droguerías obedece a una supuesta deuda de 400.000 millones de pesos que mantiene la EPS.

Tanto Gobierno como Sanitas han ofrecido cada uno sus argumentos y entre ellos se han repartido las responsabilidades de un problema que, a juicio de la población, pone en jaque el sector salud.

El Ministerio de Salud, que encabeza Guillermo Jaramillo, ha dado un parte de tranquilidad a la población, en especial a los usuarios de EPS Sanitas.

Destacó que el Estado hará que la EPS cumpla con sus responsabilidades con los afiliados. “El gobierno velará para que la EPS cumpla con sus obligaciones y así los afiliados puedan acceder al servicio de salud, sin ningún inconveniente”, destacó a través de X, la cartera de Salud.

En medio de la polémica que esta situación ha generado, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, se pronunció, solicitando a los órganos de control una investigación contra el Ministerio de Salud por su responsabilidad ante la crisis de medicamentos.

“Es importante que órganos de control como la Procuraduría vigilen la actuación del Ministerio de Salud y su responsabilidad en la crisis de los medicamentos”, sostuvo el congresista, a través de su cuenta X.

Igualmente, anunció que el Congreso hará lo mismo. “Lo propio haremos desde el Congreso, donde la actuación del ministro (Jaramillo) no será pasada por alto”, puntualizó.

La suspensión en el suministro de medicamentos y dispositivos, prevista para el 15 de este mes por el operador farmacéutico, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados de la EPS.