EL NUEVO SIGLO: En un país en donde constantemente surgen escándalos sobre contratación y desgreño administrativo, ¿cómo está hoy el control fiscal en Colombia?
ANAYME BARÓN: La modernización del régimen de control fiscal y con la aplicación de las normas internacionales de auditoría, con un enfoque basado en riesgos, el cual fue realizado mediante el acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020, incorporó nuevos herramientas como el control preventivo y concomitante que va a permitirle a la Contraloría General realizar el control en tiempo real, pudiéndose anticipar al daño al patrimonio público, así como desde los territorios ejerciendo el control fiscal previo a través de las oficinas de control interno, y el posterior y selectivo desde las contralorías territoriales, y haciendo un uso efectivo de las herramientas tecnológica e incentivando una participación activa de la ciudadanía en el cuidado de los recursos públicos.
Con estos elementos, el control fiscal está listo para alcanzar mayores niveles de eficiencia y efectividad en la lucha contra la corrupción y en la entrega de insumos para el mejoramiento de la gestión fiscal de las entidades.
ENS: La Contraloría advirtió en un reciente informe sobre más falencias en las Oficinas de Control Interno en muchas entidades. ¿Cómo afecta esto la labor de control fiscal y el cuidado del erario?
AB: El Control interno tiene la responsabilidad de realizar el control fiscal previo, así lo consagró la Corte Constitucional, y si estas dependencias no hacen su labor correspondiente claramente afecta la cadena de valor del sistema nacional del control fiscal por cuanto es la primera línea de defensa in situ de la custodia del recurso público, por cuanto las contralorías territoriales realizan es el posterior y selectivo, por lo tanto es muy importante esa articulación de sistema y que cada instancia haga lo pertinente.
Inteligencia artificial
ENS: ¿Qué tanto la Inteligencia Artificial puede servir para fortalecer el control fiscal y detectar a tiempo anomalías?
AB: La Inteligencia Artificial será una herramienta tecnológica que mejorará la eficiencia y precisión de los procesos de auditoría. Para llegar a ese punto, debemos fortalecer procesos previos como la analítica de datos en donde se apoye a los auditores en el análisis de grandes cantidades de datos y así procesarlos en cortos periodos de tiempo.
ENS: ¿Qué tanto persiste la contratación a dedo, con un solo proponente?
AB: La proporción de la modalidad de contratación directa y causales similares es del 38% en el valor de la contratación. Esto ha disminuido en relación con años anteriores, lo cual se explica en las alertas y acciones de la vigilancia de los órganos de control, los desarrollos de sistemas de información, el diseño e implementación de pliegos y la participación de los medios de comunicación y de la ciudadanía.
ENS: ¿Qué tanto los carteles de la contratación siguen primando en las entidades?
AB: La cartelización es un fenómeno que va perdiendo fuerza en función de los sistemas de información de los órganos de control, los observatorios anticorrupción, la ciudadanía por medio de las redes sociales y los medios de comunicación. La transparencia y visibilidad en los procesos de contratación han colocado ciertas barreras a estas situaciones riesgosas en la contratación.
Corrupción en contratación
ENS: ¿Será necesaria más legislación para combatir la corrupción en la contratación en Colombia?
AB: La solución no es aumentar la producción legislativa en la materia, sino aplicar correctamente la que ya existe respecto de la planeación estratégica de programas y proyectos públicos, la transparencia en los procesos contractuales, el seguimiento riguroso por parte de supervisores e interventores, y aplicar las normas que sancionan disciplinaria, fiscal y/o penalmente de forma ejemplarizante.
ENS: ¿Por qué la ciudadanía no es más activa en el control fiscal?
AB: La participación ciudadana tiene en Colombia algunas barreras: la condición socioeconómica de la población con poco tiempo para dedicar, la violencia y la insuficiente preservación de la integridad del denunciante, las prácticas y hábitos arraigados con desinterés hacia lo público, y la insuficiente capacidad del Estado para incrementar los niveles de participación ciudadana.
ENS: La auditoría denunció el año pasado que había más de 5 billones de pesos en costo de intermediación por contratación interadministrativa. ¿Qué pasó con esa denuncia, hubo correctivos?
AB: La AGR instó a las contralorías territoriales a realizar una vigilancia más profunda en la contratación interadministrativa, quienes han incluido en sus procesos auditores las recomendaciones y alertas, esperamos que hayan incluido en sus diseños muestrales la contratación interadministrativa como posible factor de riesgo en la ejecución de los recursos públicos.