EL NUEVO SIGLO: ¿La extorsión le está ganando la guerra a las autoridades en Bogotá?

JUAN BAENA: Sobre la extorsión hay que resaltar varias cosas. Primero, es un delito que ha venido incrementando desde hace varios años. Entre 2022 y 2023 se presentó un aumento del 18%, pasando de 1.336 a 1.583 denuncias. En las zonas donde se ha visto un mayor incremento de este delito es en Los Mártires (190%), Kennedy (66%) y Bosa (65%).

Segundo, las denuncias por casos de extorsión tienden a presentar subregistros por temor a represalias o por falta de confianza en las instituciones. Y tercero, es importante mencionar que para mayo de 2024 se presentaron 1.124 casos de extorsión.

Este es un delito que viene cogiendo fuerza desde hace años porque, día a día, evolucionan las modalidades de extorsión y el uso de la tecnología para ello. A pesar de que se presenten resultados y capturas que combaten la extorsión en Bogotá, es necesario fortalecer los canales de denuncia ciudadana e impulsar la visibilización de las diversas modalidades que surgen a diario para seguir enfrentando este delito.

ENS: ¿Cómo evitar que los indígenas se vuelvan a tomar el Parque Nacional?

JB: La crisis recurrente de los desplazamientos indígenas, como el reciente caso de los Emberá en Bogotá, revela la necesidad urgente de atender las causas estructurales que los obliga a salir de sus territorios. Durante décadas, la violencia armada, la minería ilegal y la falta de oportunidades han golpeado a esta población.

Aunque se han intentado 12 retornos colectivos fallidos, queda claro que no basta con reubicarlos temporalmente. Es urgente fortalecer los acuerdos de paz y los esfuerzos institucionales que garanticen condiciones de vida dignas, con acceso a salud, educación y tierras productivas, para que las comunidades no tengan que migrar nuevamente.

Frente a la reciente estrategia de retorno de estas comunidades a sus territorios, se pudo evidenciar la falta de compromiso por parte del Gobierno nacional para garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas en diferentes zonas del país. En este sentido, el problema no es que los pueblos indígenas ocupen espacios públicos en Bogotá, sino todos los factores que ocasionan el desplazamiento forzado en Colombia.

ENS: ¿Qué se puede hacer desde el Concejo para evitar los mal llamados casos de justicia por mano propia?

JB: Según la encuesta de percepción de Bogotá ‘Cómo Vamos’, muchos ciudadanos prefieren no acudir a un CAI tras ser víctimas de delitos, optando en su lugar por buscar justicia por cuenta propia. Este fenómeno refleja una falta de confianza en las autoridades que debe ser atendida de manera prioritaria.

Desde el Concejo de Bogotá, se podrían fortalecer mecanismos alternativos de acceso a la justicia y resolución de conflictos, garantizando una respuesta oportuna y eficaz por parte de las autoridades ante cualquier tipo de amenaza. Por tanto, es esencial una articulación efectiva entre los organismos de seguridad y justicia, las empresas prestadoras de servicios y los ciudadanos.

Un enfoque clave sería la implementación de facilitadores o gestores judiciales que proporcionen orientación y apoyo en trámites legales, especialmente para los grupos vulnerables o con recursos limitados. Estos facilitadores no solo garantizarían una atención integral, sino que también promoverían una cultura legal más informada y participativa, fortaleciendo la confianza en las instituciones y evitando la justicia por mano propia.

ENS: ¿Cómo entender que en una ciudad como Bogotá haya tantas cámaras de vigilancia sin funcionar?

JB: Es importante reconocer que la inoperatividad de más del 50% de las cámaras de vigilancia en Bogotá es un desafío que, desde la Administración, se está abordando con seriedad y determinación. Varias de estas cámaras han sufrido actos de vandalismo y hurto de cableado, lo que ha afectado su funcionamiento. Además, las limitaciones presupuestarias y la necesidad de un mantenimiento constante han contribuido a esta situación.

Sin embargo, se están implementando estrategias efectivas para resolver estos inconvenientes, incluyendo el refuerzo de la protección física de las cámaras, la modernización de los equipos y la capacitación continua del personal encargado de su mantenimiento.

Paralelamente, se está mejorando la coordinación entre las diferentes entidades encargadas de la seguridad, como la Secretaría de Seguridad y el Sistema Integrado de Transporte Público, para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier incidente.

ENS: A hoy, ¿considera que ya está blindado el proyecto de la primera y segunda línea del Metro, tal como fueron diseñadas?

JB: El proyecto de la Primera y Segunda Línea del Metro de Bogotá se encuentra sólidamente encaminado según lo diseñado. La Primera Línea ha alcanzado un avance del 38,78% a agosto de 2024, demostrando un progreso constante y significativo. Además, iniciativas innovadoras como la implementación de jardines verticales en las columnas del viaducto no solo embellecen nuestra infraestructura, sino que también contribuyen a la mejora ambiental y a la creación de espacios públicos seguros y agradables para nuestra comunidad.

La colaboración estrecha entre la Empresa Metro, la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá refuerza nuestra confianza en la correcta ejecución del proyecto. Por su parte, la Segunda Línea del Metro está en una fase de consolidación, donde se están analizando cuidadosamente los posibles conflictos de interés para asegurar una adjudicación ética y transparente.

ENS: ¿Hay demora de la Administración en cuanto a delimitar las zonas públicas en las que se puede consumir drogas y en las que no?

JB: A principios de este año, el Gobierno nacional emitió un protocolo sobre sustancias psicoactivas en espacios públicos, cumpliendo con la orden de la Corte Constitucional en la Sentencia C-127 de 2023.

Este documento ofrece lineamientos para que las entidades territoriales regulen la aplicación de los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, relacionados con la restricción del porte y consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Sin embargo, no es del todo vinculante para las autoridades locales, ya que la regulación del consumo puede variar según el contexto y depende de cada administración, específicamente de los concejos municipales.

En Bogotá, el secretario de Seguridad, César Restrepo, ha promovido un diálogo amplio sobre este tema con diversos actores sociales, incluido el Concejo de Bogotá. Durante este año, hemos promovido varios debates al respecto para garantizar los derechos de quienes consumen SPA, de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y de la sociedad en general; incluso yo fui ponente del proyecto de acuerdo que propone lineamientos para la regulación del consumo en espacios públicos.

Las conversaciones han priorizado el bienestar de los NNA en parques y entornos escolares; y aunque aún no hay una norma que regule el consumo, se han presentado varias líneas estratégicas para que la Administración Distrital establezca los criterios sobre el consumo de sustancias.

Con esto, quiero decir que la regulación del consumo en espacios públicos está en construcción desde el Concejo de Bogotá, junto con las Secretarías de Seguridad, Educación y Salud, así como con diversos sectores de la sociedad para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, la protección de NNA y la corresponsabilidad social.