EL NUEVO SIGLO: El exministro Iván Velásquez ha dicho que los episodios de violencia no son “tan dramáticos como se ha planteado”. Desde su perspectiva, ¿cómo evalúa la situación actual de orden público en los territorios más afectados por el conflicto?
CARLOS AUGUSTO CHACÓN: Estamos en una crisis de seguridad, es lamentable que el exministro desconozca el deterioro de las condiciones de seguridad que se viven en todo el país, es lamentable que el Gobierno únicamente utilice el dato de los homicidios para demostrar de alguna manera que están haciendo esfuerzos en seguridad.
La seguridad no es solamente la ausencia de homicidios, es que las personas puedan gozar de sus derechos y ejercer sus libertades en el territorio. Estamos con pueblos enteros en el Chocó que están confinados, miles de personas desplazadas, niños y niñas reclutados por los grupos criminales, las economías ilícitas creciendo, enfrentamiento entre grupos criminales en distintos territorios, que se fortalecieron con los ceses al fuego producto de las negociaciones del Gobierno, corredores estratégicos como en el sur de Bolívar, en el mismo Catatumbo, en el sur del país, que combinan economías ilícitas y redes de grupos criminales.
Entonces es lamentable que para el exministro eso no sea grave, lo que demuestra claramente que esa es la visión que tiene este gobierno sobre los temas de seguridad, y es que para ellos no son graves ni el caos ni la violencia contra la población civil.
ENS: ¿Considera que hay un desfase entre la percepción del Gobierno y la realidad que viven las poblaciones en estas zonas?
CAC: Pero, por supuesto, porque están saliendo básicamente a justificar no solamente la percepción, sino la realidad, los datos, las cifras, el crecimiento de distintos hechos de violencia, repertorios de violencia en materia de extorsiones, de secuestros, confinamientos, control territorial por parte de grupos criminales, paros armados del Eln en el Chocó, todo lo que está haciendo el Clan del Golfo, por ejemplo, en el sur de Bolívar.
Es decir, eso es una realidad, porque, sino la pregunta sería, ¿y entonces para qué decretaron la conmoción interior si la situación de seguridad está en orden y se está maximizando simplemente desde la opinión pública?
ENS: ¿Qué factores están impulsando este recrudecimiento de la violencia?
CAC: Lo primero es el fracaso de la paz total, de haber privilegiado las negociaciones y los diálogos con distintos grupos sin tener protocolos claros para evitar las hostilidades contra la población civil, para evitar que los grupos criminales se fortalecieran y, por lo tanto, y las mismas cifras de distintas fuentes muestran cómo los grupos han crecido no solamente en hombres, también en armas, en expansión de su presencia territorial. No necesariamente en todas es control, porque lo que estamos viviendo ahorita es una pugna por el control territorial. Entonces, es el fracaso de la paz total.
Lo segundo, una falta de haber acompañado esas negociaciones con las garantías de seguridad que se necesitaban para que la Fuerza Pública pudiera responder ante el crecimiento de la violencia y la expansión de los grupos.
Y lo tercero es el debilitamiento de las capacidades, la falta de inversión para el sector de defensa, la falta de inversión para los helicópteros, para el mantenimiento, para el reclutamiento, es decir, mejorar las condiciones de profesionalización de la Fuerza Pública que permitiera tener las capacidades para enfrentar la expansión de grupos criminales y, por último, una ausencia absoluta de una política para enfrentar las economías ilícitas, que no es solo el narcotráfico.
El narcotráfico sigue siendo un gran dinamizador de la violencia, pero aquí también estamos hablando de minería, de extracción ilícita de minerales o como se conoce, minería ilegal. Estamos hablando de deforestación, estamos hablando de trata de personas en el Darién por parte del Clan del Golfo, estamos hablando de contrabando, más todas las otras hostilidades que implican rentas ilícitas como el secuestro o la extorsión.
Ninguno de estos fenómenos tiene una política clara por parte del Gobierno nacional para disminuirlos, para desmantelar a las estructuras criminales, para lograr su desmovilización, es decir, en un resumen, es una falta clara de una política y una estrategia de seguridad para el país.
ENS: ¿Cuáles son los principales desafíos en términos de gobernabilidad y presencia estatal en las regiones afectadas por el conflicto?
CAC: Primero la falta de una política para estabilizar los territorios y luego para consolidar la presencia del Estado. Aquí lo que está en juego es la legitimidad del Estado en esos territorios. Entonces, desafortunadamente, como no se hacen los esfuerzos haciendo el uso legítimo de la fuerza y de la violencia que le corresponde al Estado para garantizar el imperio y la ley en esos territorios, eso ha llevado también al debilitamiento de los poderes civiles.
Aquí necesitamos fortalecer la capacidad de los alcaldes, de los consejos municipales, escuchar a la comunidad, atender las necesidades de la gente, pero nada de eso se ha llevado a cabo.
ENS: Desde el Instituto de Ciencia Política, ¿qué recomendaciones considera clave para enfrentar esta crisis de seguridad de manera más efectiva?
CAC: Lo primero es reconocer que hay una crisis de seguridad, porque si el gobierno mismo no lo reconoce, pues esto simplemente se va a seguir agravando. Lo segundo es redefinir la política de seguridad del país y defensa del país, replantearse la política de paz total. No se puede seguir permitiendo ceses al fuego que permitan el fortalecimiento de los grupos.
Y lo tercero es fortalecer las capacidades. Tenemos que hacer un esfuerzo por fortalecer las capacidades de respuesta para retomar el control territorial, para enfrentar a los grupos criminales y someterlos a la justicia. Eso pasa, entre otras cosas, hay que decirlo, por tramitar la Ley de Sometimiento, porque este es un gobierno que empezó a negociar con los grupos, aplicando el marco de negociaciones de paz que aplicó con el Eln, sin tener aprobada una ley de sometimiento.