Por Paula Andrea Torres Reyes

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué análisis hace de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP)?

JUAN DANIEL OVIEDO: Desafortunadamente es una reforma que ataca un asunto “político” derivado de la inconformidad de municipios y departamentos, asociada a las ineficiencias generadas por una descentralización “a medias”; con una decisión “económica” que, sin lugar a dudas, si no se toma responsablemente, pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal de corto y mediano plazo del país.

Sí, hoy los municipios y departamentos enfrentan incrementos en el desempleo de larga duración, privación del indicador de pobreza multidimensional que contrario a disminuir, ha aumentado en la última década. También la informalidad, la cual cae muy poco en la última década, tiene caras distintas en cada una de las ciudades del país y no se cuenta con los recursos a nivel territorial ni para promover empleo, ni mucho menos para resolver la informalidad.

Pero las formas importan, sobre todo cuando de sostenibilidad fiscal se trata. No olvidemos que el rasero con el que miden al gobierno a la hora de poner la cara para endeudarse, es el que determina cómo miran al sector privado en esos mercados de deuda. A ojos del mundo, Colombia no está siendo sensata con sus finanzas públicas y esto puede ser “la gota que rebosa la copa” y nos saldrá caro.

Además, los efectos fiscales de esta reforma se suman a los de la reforma pensional sobre el detrimento del ahorro bruto de la economía en el mediano plazo.

Se ha hecho creer que al ajustar el porcentaje meta de transferencias del SGP, y estipular una ley que asigne nuevas funciones a ser ejecutadas con dichos recursos, ya todo está arreglado y no es así. Hemos visto cómo leyes e incluso actos legislativos que proponen que se expidan leyes sobre un tema particular quedan en el aire.

Además, y lo más importante: ¿dónde están las discusiones que se deben dar en cuanto a las capacidades de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas y proyectos que se deben fortalecer en municipios y departamentos? Eso, desde mi perspectiva, es una reforma del servicio público que no se ha ventilado hasta el momento.

Pero bueno, ¡es la política! Esperemos que si en los debates que quedan no se hace una modulación más rigurosa del tope y el periodo de ajuste; la Corte Constitucional haga lo suyo en la respectiva revisión de constitucionalidad.

Estoy convencido del fortalecimiento de la descentralización. Sí, completamente convencido y por eso formo parte del comité promotor del referendo “Por las regiones, firme”. Pero creo que debe hacerse a través del empoderamiento de rentas. Que la soberanía colectiva sobre los tributos haga repensar las capacidades de resolver problemas de la nación, los departamentos y los municipios. Sí o sí, se requiere una reforma del servicio público, para que, en cada municipio, distrito o departamento, sus autoridades cuenten con equipos idóneos para construir soluciones efectivas.

No dejemos de lado que en el caso del SGP, en muchas ocasiones, municipios y departamentos pasan a ser simples ordenadores de gasto o dispersores de recursos con finalidades predeterminadas que no necesariamente atienden las prioridades de la gente.

ENS: ¿Cuál será el impacto de esta reforma para Bogotá?

JDO: Es muy difícil prever, al momento, un impacto para Bogotá, ya que seguramente la reformulación de competencias entre la Nación y el Distrito será determinante en el impacto final, y eso aún no está definido en el texto propuesto.

Para 2025, el presupuesto de Bogotá se proyecta en $38,4 billones, de los cuales $30,7 serán de recursos administrados y propios del distrito. Los restantes $7,7 billones serán de transferencias de la Nación, de los cuales se proyectan $5,98 billones de SGP. Este último monto se destina, por mandato de ley a salud, educación (incluyendo alimentación escolar) y saneamiento básico.

Inicialmente, el incremento del tope propuesto por la reforma en discusión, podría generar una expectativa de recibir mayores transferencias, que para 2025 corresponden al 15,6% de los ingresos. Sin embargo, es natural que, por principios de redistribución y subsidiariedad, la referenciada ley de competencias sea más estricta con ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, que en su conjunto representan el 40% del PIB y el 30% de la población del país.

La clave de la discusión de competencias está en no pisarse los talones y reconocer que una ciudad como Bogotá, debe contar con más autonomía no sólo de recursos, sino de capacidad de endeudamiento, por su propia condición demográfica y de consolidación de una importantísima región metropolitana.

ENS: ¿Cuál ha sido la principal preocupación de la capital frente a este sistema de financiamiento?

JDO: La asimetría de la capacidad de generación de recursos, frente a los montos transferidos. En el gráfico a continuación se observa cómo, a pesar de que el peso relativo de Bogotá dentro del PIB nacional se reduce en los últimos 20 años, la participación dentro del recaudo de impuestos sobre la producción crece significativamente.

En pocas palabras, Bogotá se está asfixiando y es precisamente esta situación la que requiere que la capacidad de endeudamiento de la ciudad se flexibilice para poder ser más pertinentes a la hora de resolver los problemas de Bogotá y la región metropolitana de la cual hace parte.

ENS: Podría explicarnos, ¿cómo esta reforma podría modificar las dinámicas de descentralización y autonomía financiera de Bogotá y de otras grandes ciudades?

JDO: Creo que la reforma tendrá poco efecto sobre estas grandes ciudades. La esencia de todo lo que se viene discutiendo se orienta hacia los municipios pequeños, en especial los de categorías 4, 5 y 6 que corresponden al 86% de los municipios del país. Allí, los recursos de propósito general son la vida de los presupuestos municipales pues no hemos avanzado en la actualización catastral con enfoque multipropósito que fortalezca las finanzas locales a través de la utilización de esta información para mejorar la focalización del impuesto predial, entre otros usos de carácter productivo.

ENS: ¿Qué ajustes considera necesarios para que Bogotá pueda cubrir de manera eficiente sus necesidades, especialmente en términos de cobertura y calidad del servicio de salud?

JDO: Es indispensable entender, de una vez por todas, que el sistema de salud de Bogotá alberga enormes complejidades diferenciadas, pero muy bien configuradas, en cada una de sus 20 localidades. Esto requiere que la oferta de servicios responda también a las concentraciones demográficas y económicas que caracterizan a la ciudad, lo cual indispensablemente requiere incrementar las capacidades de infraestructura y de recurso humano en salud. Esto no se logra con las condiciones actuales de financiación.

Además, prospectivamente, desde la perspectiva de salud pública de la salud mental, la ciudad está haciendo agua. Bogotá alberga al 15% de la población nacional, pero concentra más del 48% de las atenciones en materia de salud mental. La violencia intrafamiliar está disparada en más de un 88% en lo corrido del año frente al mismo periodo de 2023. Esto requiere enfoques intersectoriales e interdisciplinarios que difícilmente serán realidad con el esquema de financiación actual.

La ciudad que genera una cuarta parte de la riqueza del país, requiere también un modelo de salud pública integral que no se quede en los diagramas o en los deseos, sino que se convierta en intervenciones preventivas efectivas y atenciones de calidad.

ENS: ¿Cuáles cree que son los principales retos para Bogotá si la reforma al SGP no contempla las necesidades específicas de una ciudad de su magnitud?

JDO: El principal reto es que la asimetría entre el peso de los impuestos nacionales recaudados en Bogotá y las transferencias se cierre. En tanto que formo parte del comité promotor del referendo “Por las regiones, firme”, estoy plenamente convencido que se requiere cerrar esta brecha a través del empoderamiento tributario no solo del distrito capital, sino de todos los departamentos. 

Con una soberanía colectiva sobre los recursos tributarios, los principios de eficiencia, subsidiariedad y solidaridad, permitirán que no solo Bogotá sea más capaz de resolver sus problemáticas propias tanto en salud, como en dimensiones que aún no han sido abordadas por la descentralización como la generación empleo, el fomento de la productividad y la reducción de la informalidad.

Por otro lado, el país debe abordar la discusión de la flexibilización del endeudamiento, al menos de los municipios de categoría especial, los seis que representan el 40% del PIB. No puede ser que Bogotá, la cual representa una cuarta parte del PIB de Bogotá, tenga niveles de deuda que corresponden a menos del 1,5% del saldo de la deuda de la Nación. Ver gráfico:

ENS: Para finalizar, ¿cuál es su mensaje para los ciudadanos bogotanos en relación a esta reforma y el trabajo que se está haciendo para proteger los intereses de la ciudad?

JDO: El mensaje es sencillo: no podemos conformarnos con el sistema general de participaciones vigente, pero no podemos ponerlo a hacer cosas para las cuales ha sido diseñado. Tampoco podemos poner a crecer las transferencias a ritmos desmesurados que sobrepasen las posibilidades de que se traduzcan en soluciones concretas para los municipios y departamentos más rezagados del país.

Debemos pensar en las capacidades territoriales, en la calidad del servicio público, en los esquemas de integridad para blindar los recursos de la corrupción; y sobre todo, debemos reconocer que Bogotá cuenta con las capacidades para ejecutar más recursos que contribuyan, sin afectar el principio de solidaridad territorial, a que Bogotá sea una ciudad más PRO para sus habitantes y un mejor ejemplo a seguir para el resto del país.