Cada día que pasa desde que iniciaron los cierres en la vía al Llano, la carretera que comunica los llanos orientales con el país, hay menos claridad de quiénes son los responsables y cuál sería la solución a la problemática.

Durante la semana la ministra de Transporte, Ángela Orozco, anunció el cierre del corredor vial por tres meses, en los cuales se espera ejecutar las obras que permitan superar la contingencia. “Esta obra está estimada para terminar en tres meses, pero si llueve, como ha venido pasando, no se pueden completar los trabajos”, sostuvo al señalar que la zona es la tercera en el país “donde más llueve y el cambio climático hace más grave la resiliencia de las carreteras. Ya se han intervenido 17 puntos críticos”.

Orozco explicó las posibles causas de los derrumbes en el kilómetro 58, el punto más crítico de la vía, entre ellas, estaría la construcción de unos galpones en cercanías al sector. “No solo es la presión de la montaña y la ocurrencia de las mayores lluvias en los últimos 40 años, sino que también en el kilómetro 58 hubo un cambio en la hidrología de la montaña derivado, un poco, de la industria que se construyó arriba y de la carretera que hicieron por el borde de la montaña”, dijo Orozco a RCN Radio.

Señaló que un estudio contratado permitió “establecer que cuando llovía, había una canalización y el agua salía a una cascada detrás de la carretera. En 2010 se autorizó la construcción de la industria ahí y pusieron los galpones por encima de ese canal”.

Autoridades regionales y ambientales

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, afirmó que las gobernaciones, las alcaldías municipales, las corporaciones regionales y las autoridades ambientales, tienen una “enorme responsabilidad” por no ejercer controles adecuados de cara a la deforestación, el cambio climático y el uso del suelo, sin duda, “tres elementos que están incidiendo de forma directa sobre los deslizamientos de tierra y la afectación de los materiales de las bases en las vías”.

“Las autoridades locales son, justamente, las encargadas de ejercer controles para mitigar los efectos del cambio climático y la deforestación, pero poco o nada están haciendo para contener dichos fenómenos que, hoy más que nunca, están contribuyendo a exacerbar los derrumbes en las carreteras del país cuyas condiciones topográficas son enormemente complejas”, señaló Caicedo en un pronunciamiento.

El dirigente gremial también encendió las alarmas sobre el mal uso del suelo que se viene dando en las áreas de influencia de las carreteras nacionales y advirtió que este asunto es otro de los tantos factores generadores de riesgos de derrumbes en áreas montañosas.

“Hay zonas que son rurales y de la nada las vuelven agroindustriales sin ningún tipo de estudio. Así se evidencia, por ejemplo, en Quetame y Guayabetal en donde existen una gran cantidad de terrenos dedicados a la ganadería o a la agricultura, en zonas de alto riesgo, sin contar con estudios responsables o con el aval de las autoridades ambientales, debida y técnicamente fundamentado. Al final del día, esos malos manejos del suelo son, precisamente, los que terminan debilitando las montañas y ocasionando los derrumbes que hoy estamos padeciendo”, explicó.

Consideró que los Planes de Ordenamiento Territoriales (POT) deben ser revisados con lupa para modificar aquellos boquetes que hoy están permitiendo cambios en el uso del suelo, los cuales han abierto la posibilidad de deforestar y adaptar terrenos para iniciar actividades agroindustriales sin ningún tipo de control por parte de las autoridades locales.

Finalmente, hizo un llamado a las gobernaciones, alcaldías y autoridades ambientales para que ejerzan un mayor control sobre la deforestación, el cambio climático y, particularmente, el uso del suelo. “La gran mayoría de las construcciones que están a lo largo de las carreteras carecen de la respectiva licencia. Son ilegales. En eso hay que tomar una decisión: legalizarlas como es debido, pero ese paso debe estar supeditado a la debida vigilancia sobre los vertimientos de agua, a fin de que no haya afectaciones en las carreteras. De otro lado, si continúan las actividades agroindustriales sin ningún tipo de control y siguen proliferando construcciones ilegales sobre los márgenes de las carreteras, será imposible detener el fenómeno que hoy estamos evidenciando en algunas de nuestras vías estratégicas para la competitividad nacional”.

Pérdidas

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) reportó el pasado martes que las pérdidas para los transportadores por los cierres suman cerca de $34.200 millones. Y para los tres meses en que se prevé el cierre de la vía indicó que se proyectan pérdidas cercanas a los $100.000 millones. “Esta situación nos preocupa ya que aún es incierto si el cierre será durante dicho tiempo o se extenderá en caso de que las condiciones climáticas no permitan la normalización del estado del corredor logístico. Lamentamos que una vía de vital importancia para la economía del país, que lleva en construcción más de 25 años no se haya intervenido de tiempo atrás como se está haciendo ahora. Esperamos que sean soluciones de fondo”, dijo el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez.

Por su parte, el secretario de Agricultura del Meta, Alberto Castro, manifestó que las pérdidas ascienden a los $7.000 millones diarios por sobre costos en los fletes de transportes, el incremento del costo de los insumos y la producción de las cosechas de los medianos y pequeños productores.

“Esta situación afecta seriamente a todos los productores de cárnicos, avícolas, piscícolas, productores agrícolas de frutas y verduras, teniendo en cuenta que deben tomar las vías alternas, sumando a eso 540 kilómetros para que sus productos lleguen al centro del país, y además estamos próximos a recibir las cosechas de arroz y maíz”, indicó Castro durante una reunión de los secretarios de Agricultura de Casanare, Meta, Guaviare y Vichada realizado en Villavicencio.

Los secretarios hicieron varias peticiones al presidente Iván Duque, entre ellas, establecer un plan de movilidad, especialmente en las cosechas de arroz, maíz, transporte de ganado y palma, para garantizar que las vías alternas no se vean afectadas evitando el colapso en los puentes y puntos críticos.

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) pidió al Gobierno que amplíe las medidas que se han adoptado con el propósito de mitigar los efectos de las crisis. Entre ellas, se solicitó analizar el no pago de peajes.

“El no pago de los peajes es una de las alternativas que hay que poner sobre la mesa. Lo segundo es la alteración del calendario tributario para el pago del impuesto de renta y para los productos exentos del IVA y la devolución inmediata o anticipada a la que tienen derecho y mejorar las vías alternas”, afirmó Jorge Bedoya, presidente de la organización. El líder gremial solicitó también el acompañamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el fin de proteger la rentabilidad de los productores.

Más medidas

El Gobierno, a través de la Aeronáutica Civil, informó que durante tres meses los pasajeros que viajen por la ruta Bogotá-Villavicencio no pagarán tasa aeroportuaria nacional, como parte de las medidas de contingencia adoptadas para facilitar a los viajeros su movilización aérea entre estas dos capitales y afectadas por el cierre de la vía.

El director general de la Aeronáutica, Juan Carlos Salazar, dijo que siguen trabajando para que durante la coyuntura de la vía al Llano se facilite el desplazamiento de los usuarios. “La tarifa $0 en la tasa aeroportuaria representa un alivio para el bolsillo de las personas que requieren desplazarse vía aérea”, dijo.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) indicó que logró que Opain renunciara al cobro de este impuesto que deben pagar los pasajeros que salen del Aeropuerto Eldorado de Bogotá y que hace parte de la contraprestación que recibe por la operación de la terminal. La entidad anunció que estudia otras posibles medidas que permitan extender a los demás aeropuertos concesionados donde se vayan a abrir rutas directas desde y hacia Villavicencio con el fin de mitigar el impacto del cierre de la vía Bogotá - Villavicencio.

Durante una visita realizada el viernes a la vía por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en cumplimiento de funciones presidenciales, anunció la expedición de un decreto para aliviar las cargas tributarias que tienen los habitantes de la zona. “Se publicó un decreto ya, mediante el cual se extiende el plazo de la declaración de renta a las personas de la región, hasta el próximo 30 de diciembre”, señaló la Ministra.

Entre las medidas implementadas está agilizar el tránsito por ‪las dos vías alternas priorizadas por el Gobierno nacional, el Ministerio de Transporte indicó que actualmente se están realizando labores para este fin. “En la Transversal del Sisga estamos mejorando el corredor existente, no podemos parar las obras en todos los puntos porque las necesitamos para atender el incremento de tráfico que tenemos. En la vía alterna por Sogamoso el Invías invertirá $50.000 millones que destinó el Gobierno nacional. En Guayabetal estamos interviniendo una vía terciaria, por el sector de Mesa Grande, donde pueden transitar vehículos pequeños, en el sitio ya se tiene maquinaria, equipos y más de 50 personas trabajando. Además, nos hemos sentado con los concesionarios para buscar alternativas que nos permitan disminuir la tarifa de los peajes para el transporte de carga y servicio público que transita entre Bogotá y Villavicencio”, dijo la ministra Orozco.