NO ha cumplido los primeros diez meses de mandato y el descontento ciudadano con el presidente Pedro Castillo es más que evidente. Según la más reciente encuesta de CPI, más del 71.4% de la población rechaza su gestión y siguió disminuyendo el nivel de apoyo, que psó del 21.2% en abril a 20.7% en mayo.

El sondeo, publicado en exclusiva por la emisora RPP, arroja que el mayor rechazo al mandatario izquierdista se da en la provincia de Lima, donde alcanza el 85,8%, mientras que menos de un ocho por ciento lo respalda.

Los niveles de rechazo a Castillo han ido en descenso desde la primera encuesta, elaborada en agosto de 2021, cuando un 47,7% de la ciudadanía se mostraba contraria a él apenas unas semanas después de alcanzar la Presidencia en unas elecciones marcadas por las acusaciones vertidas por su rival, Keiko Fujimori, respecto a supuestas irregularidades en el recuento que finalmente fueron desestimadas.

Entre aquella parte de la población que no confía en el mandatario, casi el 48% alude a la falta de capacidad de Castillo para gobernar, mientras que un 14,4% se refiere a cuestiones económicas y el incremento de la pobreza en Perú.

Por otro lado, un 14,3% mostró su rechazo al jefe de Estado porque consideran no ha cumplido con las promesas que hizo durante la campaña electoral, a la par que otro 5,5% critica que el presidente es corrupto o está rodeado de esta.

Entre los que apoyan al mandatario, un 23,2% considera que el Congreso no le está dejando trabajar, y un 17% afirma que está realizando una buena gestión, mientras que un 6,6% sostiene que apoya a los más necesitados, así como un 5,4 por ciento dice que lo apoya porque fue elegido democráticamente.

Finalmente, la encuesta de CPI recoge que Castillo es quien más daño ocasiona a los intereses de Perú (30,6%), seguido de Fujimori (20,5%) y del líder del partido oficialista Perú Libre, mentor del presidente, Vladimir Cerrón (17,2%).

Castillo enfrenta, entre otros, un proceso penal por presunta corrupción y tráfico de influencias, entre otros delitos. La Fiscalía lo citó a declarar el próximo 13, al igual que al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, a quién el ente investigador lo considera uno de los principales miembros de lo que han denominado como una "mafia" dentro del sector.

Asimismo, la que fuera viceministra de Transportes, Fabiola Caballero y el exasesor Alex Starost también fueron citados por la Fiscalía a raíz del caso 'Puente Tarata III', un concurso que se habría asignado irregularmente y que habría servido para favorecer a terceros.

El pasado 29 de mayo, el fiscal general, Pablo Sánchez, dispuso abrir una investigación preliminar contra el jefe de Estado. Así, Castillo ha sido incluido en la pesquisa, que también investiga la actuación de otros seis congresistas de Acción Popular.

Los fiscales han garantizado que el presidente gozará del "pleno ejercicio de su derecho a defensa de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución" peruana.  No obstante, su abogado, Benji Espinoza, ha presentado una petición para que se anule y se ponga fin a dicha investigación. "Acabamos de presentar la nulidad absoluta y vamos a darle un plazo razonable a la Fiscalía para que se pronuncie. Si desestimara nuestro pedido, nos abre paso a la tutela de derechos", ha declarado el letrado.

El propio Silva ha rechazado acudir a declarar y ha argumentado que "no ha recibido ninguna notificación". Alfredo Yalán, su abogado, ha señalado que no se presentará a la convocatoria de la Fiscalía y ha denunciado que se trata de un "imposible jurídico"./