71% de peruanos quieren cierre del Congreso y dimisión de Boluarte | El Nuevo Siglo
SE AGRAVA la situación política y social en Perú.
Europa Press
Domingo, 12 de Febrero de 2023
Redacción internacional con AFP

El 71 % de la población peruana quiere el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, según la última encuesta de Datum publicada este domingo en el diario Perú21.

El estudio señala que un 76 % de la población desaprueba la labor que viene desarrollando la mandataria Dina Boluarte, mientras que un 16 % la aprueba.

Con relación a la popularidad del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams, la encuesta arroja que un 69 % desaprueba su labor.

Además, un 37 % de la población se siente molesta con las protestas contra Boluarte; un 23 % frustrada, amenazada o afectada; un 6 % esperanzada, y un 4 % indiferente u optimista.

En cuanto a los posibles cambios en la Constitución Política, un 38 % piensa que se deben realizar algunos cambios parciales, un 29 % desearía un texto totalmente nuevo, un 14 % opina que se debe cambiar la mayor parte de la Carta Magna, mientras que un 12 % considera que se debe mantener la Constitución actual y un 7 % no sabe. Sobre la opción de una asamblea constituyente, un 56 % está a favor, un 34 % en contra y un 10 % no sabe.

Percepción

Según Datum, un 17 % de la población sabe que la función de una Asamblea Constituyente sirve para cambiar la Constitución o algunos artículos del texto. Un 12 % piensa que sirve para cambiar las leyes o dar nuevas leyes, un 10 % cree que es lugar de diálogo para buscar el beneficio del país, mientras que un 6 % piensa que es un lugar donde se puede escuchar al pueblo o solucionar los problemas del país.

Un 4 % considera que sirve para elegir nuevos gobernantes o autoridades y un 2 % para fortalecer la democracia o para imponer una ideología de izquierda.

El estudio se basa en 1.204 entrevistas y tiene un margen de error de más menos 2,8 puntos porcentuales.

A esta situación se suma que el viernes pasado la Comisión Permanente del Parlamento aprobó el informe final contra el expresidente Pedro Castillo para acusarle del delito de organización criminal junto a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Con 19 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la Comisión Permanente dio 'luz verde' para acusar al exmandatario no solo del delito de organización criminal, sino de tráfico de influencias y colusión, según recoge la emisora RPP.

Ahora el caso será debatido y votado en el pleno del Parlamento, de donde, de recibir los apoyos necesarios, pasará a instancias de la fiscal general de la nación, Patricia Benavides, que será quien deberá continuar con las investigaciones sobre varios casos de corrupción que se le imputan a Castillo.

En el caso del exministro Silva la votación ha sido casi unánime y 28 integrantes de la Comisión Permanente han aprobado acusarle de los presuntos delitos de organización criminal y colusión durante su mandato al frente de la cartera de Transportes y Comunicación.



Acusaciones

Del mismo modo, el órgano ha votado mayoritariamente a favor de acusar a Alvarado por el presunto delito de organización criminal cuando se desempeñaba como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Castillo.

El expresidente Castillo, detenido tras intentar disolver el Parlamento e instaurar un gobierno de excepción en una maniobra encaminada a arrogarse más poder, tiene abiertas varias investigaciones por presuntos casos de corrupción.

Asimismo, siete miembros de la policía murieron en una emboscada atribuida al grupo guerrillero Sendero Luminoso en la localidad de Natividad, provincia de La Convención, en la región de Cusco, en el centro-sur de Perú.

"Lamentamos la pérdida de nuestros hermanos policías quienes han sido emboscados cuando se trasladaban en un vehículo policial en el centro poblado de Natividad en el Vraem, donde siete efectivos han fallecido y un efectivo policial ha sobrevivido", informó la Policía peruana en un comunicado.

El Vraem es la designación utilizada por las fuerzas de seguridad peruanas para referirse al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, zona en la que tiene presencia la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.