Mientras las medidas de seguridad se enfocan en atacar a las pandillas de Ecuador en las calles, los casos recientes demuestran que la corrupción gubernamental de alto nivel también se ha convertido en un enorme obstáculo en la lucha contra el crimen organizado.

Hace una semana, la Fiscalía General de Ecuador presentó pruebas contra 13 sospechosos en el llamado “Caso Metástasis”, que la fiscal general Diana Salazar ha descrito como “el más grande en la historia (de Ecuador) contra la corrupción y el narcotráfico”.

Entre los sospechosos del caso figuran un antiguo miembro de la Asamblea Nacional y un fiscal de la provincia de Guayas, cuya capital, Guayaquil, es fundamental para la economía del narcotráfico del país.

La amplia investigación anticorrupción se ha enfocado en una red de narcotráfico dirigida antiguamente por Leandro Norero, uno de los principales aliados de la pandilla de “Los Lobos” antes de su asesinato en 2022.

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La investigación se anunció por primera vez a la opinión pública con redadas realizadas en el Consejo de la Judicatura de Ecuador, un organismo con poder para suspender y destituir a jueces, en diciembre de 2023. Los fiscales apuntaron inicialmente a 30 personas vinculadas a la red de Norero, pero el número de acusados ha llegado en la actualidad a 52.

Los fiscales alegan que funcionarios del poder judicial, legislativo y de las fuerzas de seguridad de Ecuador recibieron sobornos a través de Norero por medio de sus abogados y otros intermediarios a cambio de ayudarle a mantener su imperio criminal mientras estaba tras las rejas.

Además, jueces corruptos presuntamente retrasaron los casos de lavado de dinero contra los hermanos de Norero tras recibir sobornos, mientras que policías y fiscales en la nómina de este delincuente le pasaban información sobre las medidas represivas de las fuerzas de seguridad tanto dentro como fuera de la prisión.

Norero también tenía vínculos tan altos como el expresidente del Consejo de la Magistratura, quien “proyectaba comprar las decisiones de los magistrados nacionales” para lograr una decisión favorable en un caso de lavado de dinero contra el hermano de Norero, según la Fiscalía.

Los hallazgos de Metástasis han dado lugar a otras investigaciones. El 5 de marzo, la Fiscalía anunció el Caso Purga, basado en mensajes de texto incautados del teléfono de un sospechoso de Metástasis. Los fiscales están investigando a una docena de funcionarios judiciales y abogados relacionados con el sistema judicial en la provincia de Guayas, por vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.

La ofensiva contra la corrupción se produce cuando la guerra del presidente Daniel Noboa contra las pandillas entra en su tercer mes. La respuesta militarizada de Noboa goza de gran popularidad y se ha traducido en una reducción de los homicidios en todo el país. Sin embargo, persiste la preocupación por la criminalidad, especialmente en Guayaquil, donde los informes de extorsión y secuestros han aumentado drásticamente este año, según las estadísticas policiales a las que tuvo acceso Ecuavisa.

Análisis

Aunque la mayoría de los ojos siguen puestos en la lucha contra las pandillas en las calles, la verdadera batalla del gobierno ecuatoriano puede ser por el control del Estado.

La corrupción siempre ha existido en Ecuador, pero los casos recientes señalan una alarmante escalada de su protagonismo, según Melania Carrión, consultora de seguridad y exfuncionaria del gobierno especializada en prisiones.

“Antes había funcionarios vinculados al tema de la droga”, dijo a InSight Crime. “Pero había respeto por las instituciones del Estado”.

En los últimos años, elementos de la marina, la policía y la autoridad penitenciaria han sido acusados de ayudar a las pandillas a mover drogas, acceder a armas y mantener sus empresas criminales desde las cárceles. La corrupción también ha limitado el impacto de las investigaciones sobre homicidios, mientras que los asesinatos en el país han pasado de 5,7 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 44,5 por cada 100.000 habitantes en 2023.

Como parte de un intento de hacer frente a la corrupción, Noboa anunció el 7 de marzo la creación de una unidad conjunta de investigación de delitos financieros. La medida aumentará la colaboración dentro del gobierno de Ecuador para luchar contra el lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco. También propuso una enmienda constitucional que pretende cerrar una importante laguna legal, que permite a los criminales paralizar sus juicios. Los ecuatorianos votarán sobre la enmienda en un referéndum el 21 de abril.

Pero incluso con estas medidas, la corrupción gubernamental en Ecuador sigue siendo un obstáculo formidable para revertir los avances de los grupos criminales. Por Ecuador circulan cantidades récord de cocaína, e InSight Crime calcula que solo la que entra por la frontera, procedente de Colombia, puede tener un valor de casi mil millones de dólares para los grupos criminales que ayudan a almacenarla y transportarla por el país. Los lucrativos mercados de la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas refuerzan aún más las arcas de las pandillas, proporcionando a los grupos criminales los medios para sobornar a funcionarios y, en ocasiones, incluso atraerlos a su red./InSight Crime

Detenido hijo de la vicepresidenta

Un hijo de la vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, fue detenido ayer como parte de una investigación por un supuesto tráfico de influencias, informó la Fiscalía.

"En el operativo se hace efectiva la orden de detención contra Francisco Sebastián BA por su presunta participación en el hecho investigado por #FiscalíaEc. En las próximas horas se resolverá su situación jurídica", señaló el ente acusador por la red social X.

La prensa nacional coincide en identificar al detenido como Sebastián Barreiro, abogado y uno de los hijos de Abad. El arresto se produjo en la ciudad de Cuenca (sur), de donde es oriunda la vicepresidenta.

Tras conocerse la detención, que deberá ser confirmada por la justicia, el gobierno expresó que "está firmemente comprometido con la prevención y erradicación del delito, y apoya la persecución de todo acto de corrupción".

El gobierno "mantiene una coordinación y trabajo articulado con este propósito, demostrando cero tolerancia a la corrupción venga de donde venga", señaló en un comunicado el ministerio del Interior.

Abad cumple funciones diplomáticas en Israel y desde hace meses está distanciada del presidente Daniel Noboa.

En el marco del llamado "caso Nene", que indaga una supuesta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia, la unidad fiscal de lucha contra la corrupción ejecuta varios allanamientos en Quito y Cuenca, de acuerdo con la Fiscalía.

Abad asumió la vicepresidencia en noviembre pasado al ser elegido en binomio con Noboa.

En diciembre, la vicepresidenta viajó a Israel para ser embajadora por la paz en la guerra entre Israel y Palestina, el único cargo delegado por Noboa apenas se posesionó.

"No podemos tapar el sol con un dedo. El señor presidente me quiere lejos", dijo Abad antes de partir a Tel Aviv, en rueda de prensa ofrecida en la vicepresidencia, adonde acudió por poco tiempo./AFP