Estados Unidos, tras la reelección de Maduro, anunció nuevas medidas contra el gobierno de Venezuela, que no tienen como objetivo personas naturales. El G20, el Grupo de Lima y la OEA también dijeron que tomaran acciones. Mientras tanto, distintos sectores opositores programaron una reunión el 2 de junio

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LA REELECCIÓN del presidente Nicolás Maduro abre un escenario de mayor aislamiento, profundización de la crisis económica y conflictividad en Venezuela, según analistas.

Pero aunque el margen de maniobra del mandatario se estrechará, su permanencia en el poder no parece amenazada por ahora.

Aislamiento

Alineados con la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima desconocen los resultados. En represalia por la reelección de Maduro, Washington limitó la venta de deuda -incluidas las cuentas por cobrar- y activos públicos venezolanos en su territorio.

Mientras, el Grupo de Lima (Canadá y 13 países latinoamericanos) reducirá el nivel de sus relaciones y bloqueará fondos internacionales a Caracas. La UE ya sancionó a siete altos cargos y promete ajustar sus acciones.

Los cancilleres del G20 abordaron este lunes en Buenos Aires temas claves de la agenda internacional como el comercio y el cambio climático, además de la situación de Venezuela un día después de las controvertidas presidenciales en las que fue reelecto Nicolás Maduro.

En dos sesiones a puerta cerrada en la sede de la Cancillería, los ministros de las veinte principales economías del globo coincidieron en posturas a favor del multilateralismo, aunque subrayaron la necesidad de impulsar prácticas comerciales más justas, dijo una fuente diplomática.

Aunque no figuró en la agenda oficial, el tema de Venezuela fue tratado en reuniones bilaterales y multilaterales este lunes en Buenos Aires. Al margen de la cita, un grupo de países suscribieron una declaración desconociendo los resultados de los comicios presidenciales y anunciando que evalúan medidas sancionatorias contra Caracas.

Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México subrayaron que "esta elección ilegítima es una clara demostración de la ruptura del hilo democrático en Venezuela", según el texto.

"Nuestros países consideran en este momento posibles medidas políticas, diplomáticas y financieras sancionatorias del régimen autoritario de Maduro, procurando no afectar con ello al pueblo venezolano que es la primera víctima de esta ruptura de la democracia venezolana", añade el comunicado, leído ante la prensa por el canciller argentino, Jorge Lafaurie.

"La consecuencia inmediata será un mayor aislamiento, incluidas probables sanciones selectivas de Estados Unidos y de la UE", sostiene Eurasia Group. Washington ya sancionó a unos 60 jerarcas, incluido Maduro, y prohibió a sus ciudadanos negociar deuda de Venezuela tras ser declarada en default parcial en 2017.

Maduro, cuyo país detenta las mayores reservas petroleras, tiene como principales aliados a Rusia, China y Cuba y mantiene buenas relaciones con Irán.

Capacidad minada 

Venezuela está sumida en una severa crisis con escasez de todo tipo de bienes básicos y una infraestructura de servicios colapsada. El PIB se contrajo 45% desde 2013, la inflación cerraría este año en 13.800% -según el FMI- y la deuda externa asciende a 150.000 millones de dólares (con 10.000 millones en reservas).

Todo ello con un agravante, la producción de crudo, que aporta 96% de los ingresos, cayó a su peor nivel en tres décadas (1,5 millones de barriles diarios), por lo que el país no disfruta del repunte del precio del petróleo.

El aislamiento y la crisis "seguirán minando la capacidad de Maduro para proteger los privilegios" de actores clave (como los militares), lo que dificultará su permanencia en el poder, estima Eurasia.

Las sanciones estadounidenses dificultan el acceso a financiamiento externo y complican las importaciones. 

Estados Unidos, destino de un tercio del crudo venezolano, no descarta un embargo petrolero, medida que sin embargo podría esperar ante el impacto que tendría en el precio de la gasolina en ese país, según Eurasia.

Los picos de servicio de deuda se concentran en los próximos cuatro años y promedian unos 10.000 millones de dólares anuales, según expertos.

Radicalización

La reelección de Maduro estuvo marcada por una abstención de 54%, impulsada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). "El gobierno está con un apoyo interno mucho más débil en sus propias bases, descontentas por la crisis", sostiene el politólogo Michael Penfold.

La gestión del gobernante socialista es rechazada por tres cuartas partes de los venezolanos, según encuestas, y la pérdida de terreno en los comicios podría alentar una reunificación de sus adversarios, hoy divididos.

Esto "le pone más presión", opina el analista John Magdaleno. Las grietas en la MUD se ahondaron por la decisión de uno de sus dirigentes, Henri Falcón, de enfrentar a Maduro en las urnas.

La MUD ha intentado sin éxito superar sus peleas internas y reactivar la protesta, que tuvo un punto culminante en 2017 con movilizaciones que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses.

"Si no se produce una fractura en la coalición dominante, la probabilidad de un transición a la democracia es baja", sostiene Magdaleno. Así, la conflictividad política y social podría aumentar. El gobierno desconoce al Parlamento, único poder que controla la oposición, que rechazó un diálogo.

"Lo que viene es un escenario de confrontación más radical", considera Jesús Seguías, director de la encuestadora Datincorp, para quien sin embargo "una rebelión social no es nada fácil".

Eurasia estima que Maduro tendría dificultades para continuar en el poder más allá de 2019, pero los analistas locales se han acostumbrado a no ponerle fecha de caducidad.

La oposición venezolana descartó este lunes participar en un nuevo diálogo con el gobierno, como propuso el presidente Nicolás Maduro tras ser reelegido el domingo en comicios desconocidos por parte de la comunidad internacional. 

"Frente a la propuesta de diálogo (...) no vamos a caer en estrategias dilatorias donde se pretende mantener como un hecho aceptado el fraude de ayer", señaló Omar Barboza, presidente del Parlamento de mayoría opositora, en rueda de prensa.

"No nos sumamos a nada que viole la Constitución e irrespete la soberanía popular", sostuvo en nombre del Frente Amplio, agrupación que integra a la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organizaciones sociales, gremios y chavistas disidentes.