El Estado chileno asumirá por primera vez la búsqueda de 1.162 detenidos desaparecidos durante la dictadura, anunció este miércoles el presidente Gabriel Boric, en vísperas de los 50 años del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet.
Durante décadas, la búsqueda de los desaparecidos corrió a cargo casi exclusivamente de las familias, apenas hallando los restos de 307. Todavía no se conoce el paradero de otras 1.162 víctimas.
"Esta cifra nos debe doler y hacer arder la sangre, porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad", dijo el presidente, al lanzar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera iniciativa oficial de este tipo.
Boric hizo el anuncio durante una ceremonia en las afueras del palacio presidencial de La Moneda, a la que no asistieron las fuerzas opositoras de derecha.
Con financiamiento estatal, el plan tiene como objetivo reconstruir el recorrido de las víctimas tras su detención y desaparición.
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La búsqueda ahora será un deber permanente del Estado, no sólo de las familias, dijo Boric.
La mayoría de los desaparecidos eran obreros y campesinos con una edad promedio de 29 años.
"Ningún otro gobierno tuvo esta voluntad política que era necesaria para que este calvario no sea solamente de los familiares, sino que de la sociedad completa y del Estado que hizo desaparecer a nuestros familiares", dijo en la ceremonia Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El principal obstáculo para encontrar hasta ahora a los desaparecidos ha sido la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que los familiares atribuyen a un "pacto de silencio" que se mantiene desde la dictadura (1973-1990).
En una mesa de diálogo instalada a fines de los 90, los militares aportaron datos de unos 200 detenidos cuyos cadáveres, aseguraron, habían sido lanzados al mar.
Sin embargo, algunos de esos restos fuero hallados en fosas comunes.