Las protestas ocurridas en Chile en 2019 han llevado al país a una encrucijada histórica. Este domingo los ciudadanos acudirán a un referéndum para decidir si cambian su Constitución o continúan con la que los rige desde hace 40 años.
El referéndum fue la principal concesión que hicieron los políticos en noviembre pasado cuando intentaron aplacar a los manifestantes con un "acuerdo por la paz". La izquierda argumenta que la constitución de 1980, redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, está implícitamente diseñada para proteger el statu quo chileno, minimizar el papel del Estado, limitar las opciones políticas de los votantes y dificultar que los gobiernos amplíen políticas de bienestar social o que permitan la modificación del modelo económico imperante.
Las protestas, que comenzaron por un pequeño aumento en la tarifa del metro, rápidamente se transformaron en un movimiento que rechazaba el modelo económico liberal que ha convertido a Chile en uno de los países más ricos de la región pero al que culpan de la desigualdad imperante.
Esta semana los manifestantes volvieron a las calles, en el aniversario de las protestas que comenzaron el 18 de octubre, con letreros y pancartas que incitaban a votar afirmativamente por la propuesta de reescribir la constitución y que se tornaron sumamente violentas.
Aunque según las encuestas aproximadamente el 80% de los chilenos apoyará el cambio constitucional, diversos analistas aseguran que el problema vendrá después cuando se planteen la profundidad y alcance de las reformas.
Después de que Pinochet se hizo cargo de Chile en 1973, derrocando al presidente socialista Salvador Allende en un golpe militar, el dictador comenzó a reformar la economía de Chile. La administración de Pinochet redujo drásticamente el papel del estado, recortó los presupuestos y vendiendo de las empresas de propiedad estatal. La dictadura terminó en 1990, luego de que el 56% de los chilenos votaran por la transición a la democracia en un referéndum.
La Constitución que quiere reformarse estableció 18 áreas de legislación, incluidas las que cubren el sistema electoral, los carabineros, el banco central, algunas partes del sistema educativo y las concesiones mineras, que solo pueden modificarse con una mayoría del 57% de los senadores y representantes de la cámara baja.
Cambios electorales y económicos
Las leyes electorales crearon un sistema inusual en el que cada distrito elegía dos representantes, independientemente del tamaño del distrito lo que significó que casi siempre había un empate entre los dos bloques políticos en el Congreso, y los partidos más pequeños rara vez podían abrirse paso en las elecciones. Este sistema finalmente fue descartado en 2015, después de años de presión política, y reemplazado por un sistema de representación proporcional. Las primeras elecciones bajo el nuevo sistema tuvieron lugar en 2017, y los partidos fuera de las principales coaliciones electorales obtuvieron muchos más escaños en el Congreso que en el pasado.
Este sistema contribuyó a una caída masiva de la participación política en Chile que cayó del 87% en 1989 al 51% en 2013 y a un mínimo histórico del 46% en 2017. La reforma buscaría establecer mecanismos efectivos de participación que acerquen a los gobernados a sus gobernantes y se establezcan dispositivos propios de la democracia participativa.
Desde 1980 el modelo impulsado por el mercado implementado bajo Pinochet se disparó. El PIB per cápita de Chile en 2019 fue el segundo más alto de América del Sur, casi un 50% más alto que el de la vecina Argentina y más del doble del de Colombia. El crecimiento económico del país, impulsado por una exuberancia de inversión extranjera en su modelo favorable a las empresas y los fuertes precios de sus exportaciones, también le permitió reducir las tasas de pobreza. La proporción de chilenos que viven con 5,50 dólares al día cayó del 30% en 2000 al 6,4% en 2017.
Pero a medida que la riqueza de Chile ha crecido, también lo ha hecho el costo de vida. Chile es uno de los países más desiguales del grupo de países desarrollados de la OCDE. Según el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de los chilenos ganan menos de $ 500 al mes y para el 60% de los hogares, los salarios no alcanzan para cubrir los costos mensuales.
Los sistemas de pensiones, salud y educación están todos parcial o totalmente privatizados. En educación, por ejemplo, 6 de cada 10 estudiantes pagan más por su educación secundaria. Chile se desempeña mejor en métricas de pruebas internacionales que el resto de la región, pero un informe de la OCDE de 2016 sobre la desigualdad educativa encontró que el estatus socioeconómico tuvo un mayor impacto en el rendimiento de los estudiantes en ciencias en Chile que en cualquier otro de los países desarrollados estudiados.
Rechazo
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo en que la Constitución tiene la culpa de los males de Chile. Kenneth Bunker, analista político y editor del sitio de votación tresquintos.cl, dice que si bien puede haber buenas razones para cambiar la Constitución, incluidas sus raíces en la dictadura, "no es la madre de todos los males como algunos de la izquierda quieren hacer ver". Sostiene que el sistema político constitucional obligó a Chile a reformarse lentamente, con consenso, creando una estabilidad de la que pocos países latinoamericanos disfrutan. “Esa estabilidad se consideraba hasta hace poco como algo positivo, como se puede leer en todos estos indicadores económicos”.
Bunker afirma que existen fuertes grupos que presionan para mantener la constitución de 1980 y asegura que aunque el 80% de la población apoya el cambio, el 89% de los fondos destinados a las campañas han ido la que rechaza el cambio.
Los economistas del mundo occidental han observado con alarma los recientes desafíos de Chile a su modelo y su constitución. En julio, el Congreso votó para permitir que los ciudadanos retiren fondos de su sistema de pensiones privado para ayudar a las familias a lidiar con la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19. A este respecto el Financial Times informó que la medida del Congreso podría "enviar una señal inquietante a los inversores que temen que el populismo pueda estar arraigando" antes del referéndum.
La primera pregunta en la papeleta del referéndum preguntará a los votantes si Chile debería reescribir la Constitución. La segunda pregunta les pedirá que elijan qué tipo de organismo debe hacerlo: una asamblea constitucional "pura", compuesta por 155 representantes ciudadanos específicamente elegidos por otra votación nacional en abril, o una asamblea "mixta" con un 50/50 dividido entre candidatos recién elegidos y miembros del Congreso existentes.
Según Bunker, la asamblea "pura" probablemente trataría de crear una Constitución radicalmente diferente a la de 1980, mientras que una "mixta" podría defender más de sus principios. “Pura” lidera con un 65%.
Finalmente las dificultades del proceso constitucional ya se están manifestando en la conversación sobre la inclusión indígena. Líderes mapuches aseguran que en la actualidad “no hay una sola línea en la constitución que reconozca la existencia de los pueblos indígenas y eso es un gran obstáculo para obtener derechos políticos”. Hasta el momento no hay claridad si tendrán escaños especiales como lo han pedido pero sin duda deberán encontrar una solución para una representación igualitaria.
Expertos aseguran que una nueva Constitución que proteja la diversidad y fomente la participación ciudadana, como la colombiana, podría ser un buen modelo para Chile.