España anunció finalmente este sábado su apoyo al acuerdo del Brexit tras estimar que logró, en unas "difíciles negociaciones" de última hora, un derecho de veto en la cuestión de Gibraltar, pero ¿qué quería y qué consiguió?

Madrid quería blindar en los textos negociados entre Londres y Bruselas el principio, aceptado por sus socios en abril de 2017, de que, tras el Brexit "ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo" de España.

El gobierno español acusa al Peñón de aprovecharse económicamente, desde el ingreso de España al club europeo en 1986, de su estatuto particular dentro de Reino Unido y de la UE, para convertirse una de "las primeras economías del mundo en renta per cápita".

La cuarta economía de la zona euro busca un "desarrollo equilibrado" entre Gibraltar y el colindante Campo de Gibraltar español, mucho más pobre que el territorio británico desde 1713, a quien Madrid acusa de ser un paraíso fiscal y de fomentar el contrabando de tabaco.

Madrid quiere aprovechar así la estela de la salida Reino Unido de la UE, contra la que se pronunciaron los gibraltareños, para solucionar estos problemas y garantizarse que cualquier futuro acuerdo entre el bloque y su antiguo miembro deberá contar con el visto bueno español para aplicarse a Gibraltar.

Sin cambios, pero con declaraciones

El gobierno español exigía modificar el acuerdo de divorcio y la declaración política sobre la futura relación, negociados entre Londres y Bruselas y cuyo texto final hizo saltar las alarmas en el país ibérico, si bien ante el riesgo de abrir una caja de Pandora a otros reclamos se acordó otra solución.

Londres, la Comisión Europea y el Consejo Europeo realizaron declaraciones por escrito similares, asegurando que en la futura relación que deben aún negociar la UE y Reino Unido "no existe ninguna obligación" sobre su "ámbito territorial" de aplicación, es decir sobre Gibraltar.

Los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, reiteran este mismo principio en una carta enviada al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ante la prensa anunció triunfante un "triple blindaje histórico".

Sin embargo, fue más allá. "Hemos logrado las garantías suficientes para poder abordar la solución a un conflicto que dura más de 300 años entre el Reino y España", dijo Sánchez, para quien, en la discusión de la futura relación, Madrid negociaría con Londres sobre la "cosoberanía" del Peñón.

España había aparcado su tradicional reclamo sobre Gibraltar en una negociación bilateral con Londres sobre ese territorio, que se saldó con cinco acuerdos de cooperación inédita sobre tabaco o impuestos, entre otros, pero que estarán vigentes hasta el final del período de transición entre la UE y Reino Unido.

Gibraltar contra la "cosoberanía"

Ahora, de cara a la negociación de la futura relación, volvió a traer sobre la mesa su reclamo, provocando la ira de Gibraltar, que en 2002 rechazó esa opción en referéndum. "No estamos interesados en ninguna dilución de nuestra soberanía", respondió su ministro principal, Fabian Picardo.

La primera ministra británica, Theresa May, que debe defender el acuerdo de divorcio negociado con Bruselas ante un parlamento británico hostil, subrayó el sábado que la "posición británica sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará".

El analista del Real Instituto Elcano Ignacio Molina restó en su cuenta Twitter triunfalismo al anuncio de Sánchez, aunque aseguró que las declaraciones obtenidas por España "refuerzan de cara al futuro" el derecho de veto de facto que sus socios en la UE le habían otorgado en abril de 2017.

A España le seguirá quedando un último as en la manga si los compromisos obtenidos este sábado no llegan a cumplirse: vetar el ambicioso acuerdo político y de libre comercio que la UE y Reino Unido deben empezar a negociar a partir del 29 de marzo, si el acuerdo de divorcio sale adelante.

"España podrá vetar el futuro tratado negociado entre los 27 y Londres", ya que "si un parlamento nacional rechaza ratificarlo, no entrará en vigor e incluso su aplicación provisional pondrá fin", explicó a la AFP el exjefe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE, Jean-Claude Piris.