SIN que se conozcan avances sobre su principal objetivo, que es la elaboración de una nueva Carta Magna, la Asamblea Constituyente de Venezuela cumple hoy un año de gestión, durante el cual ha ayudado perpetuar al presidente Nicolás Maduro y a neutralizar a la oposición.

Con su legitimidad en duda por la forma en que fue elegido, este órgano oficialista opera como un suprapoder que convoca elecciones, destituye funcionarios y dicta decretos-ley.

Su instalación el 4 de agosto de 2017 calmó las agitadas aguas. Maduro enfrentaba cuatro meses de protestas opositoras que exigían su salida y dejaron unos 125 muertos y cientos de heridos y presos.

"Desarticuló la protesta", dijo el analista Mariano De Alba.

Alegando que la Constituyente instauraría una "dictadura comunista", la dirigencia opositora quemó las naves para evitar su elección, pero fracasó y sus bases abandonaron las calles decepcionadas.

"Con la Constituyente triunfó la paz", repite Maduro, que recuperó así la iniciativa política pese a un enorme rechazo popular.

La primera decisión de los asambleístas fue destituir a la fiscal Luisa Ortega, quien se había apartado del oficialismo tras acusar a Maduro de un quiebre constitucional. Ella se exilió en Colombia.

La Constituyente también despejó pronto las sospechas de que desplazaría al Legislativo, único poder que controla la oposición. El 18 de agosto asumió las "competencias para legislar" y "dictar actos parlamentarios en forma de ley". La oposición lo denunció como un "golpe de Estado".

Se creó "un organismo que está encima de todos los poderes (...) y asumió las funciones del Parlamento", indicó De Alba. La Constituyente sesiona en un salón alterno al hemiciclo legislativo.

El Parlamento continúa en ejercicio, pero sus decisiones son consideradas nulas por el poder judicial, que lo declaró en desacato tras instalarse en 2016.

Los asambleístas aprobaron además una ley que castiga hasta con 20 años de prisión los "delitos de odio" y revocaron la inmunidad al parlamentario opositor Freddy Guevara, refugiado en la embajada de Chile en Caracas.

"Se ha convertido en un organismo para aplastar a la oposición", señaló el politólogo Luis Salamanca.

Maduro, atornillado

Aprovechando las divisiones en la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y tras fracasar una negociación entre ésta y el gobierno, la Constituyente adelantó las elecciones presidenciales, que se celebraron el 20 de mayo pasado.  La MUD boicoteó los comicios por "ilegítimos", pero al final Maduro logró un segundo período hasta 2025. Su reelección es desconocida por gran parte de la comunidad internacional.

En 2017 los constituyentes también convocaron a elecciones de gobernadores y alcaldes. En ambas arrasó el oficialismo, si bien la oposición se marginó de las municipales.

"La Constituyente fue el inicio del aplastamiento del sufragio democrático", apuntó Salamanca.

Con Maduro reelegido, los asambleístas hicieron un gesto de "reconciliación" tramitando la liberación de unos 120 opositores presos.

No está claro si la Constituyente reformará la Carta Magna de 1999 o redactará un nuevo texto, y en todo caso no hay debates públicos sobre temas para elevar a rango constitucional. Salamanca cree que una nueva Carta Magna se redacta "en secreto".

Además de su avasallante control, esta asamblea le dio al gobierno una "ficha adicional de negociación" ante sus adversarios, opina De Alba. "Es imposible pensar en una resolución política de la crisis que no involucre el desmantelamiento de esa instancia", agrega.

La reciente designación de Diosdado Cabello como presidente del órgano así lo demostraría.  Cabello es considerado en la práctica el jefe del partido de gobierno y se le atribuye más ascendencia que Maduro entre los militares, para muchos el principal el sostén del mandatario.