El 2018 cierra para la región latinoamericana como el año donde se vivieron situaciones sociales y económicas sin precedentes en las últimas décadas, calificadas en algunos casos como crisis humanitarias sin registro en al menos 50 años.

Venezuela: entre la escasez y la migración

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, calificó a finales del pasado mes de agosto la situación migratoria de venezolanos como uno de los movimientos masivos de población más grandes en la historia de América Latina.

A mediados del pasado mes de noviembre el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicaron que la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo alcanzó los tres millones.

Las organizaciones añadieron que Colombia acoge a más de un millón de venezolanos, Perú a 506.000, Ecuador a 221.000 y Brasil a 85.000.

La migración de venezolanos provocada por una crisis económica que causó la escasez de medicinas y alimentos provocó que por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones aprobara una resolución sobre Venezuela donde pidió al Gobierno de Nicolás Maduro abrir un corredor humanitario y aceptar la ayuda internacional para atenuar la escasez.

Venezuela cierra el año con una inflación solo comparable con las crisis económicas de Alemania en 1923 y de Zimbabue en el año 2000. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó este lunes que el país tendrá una inflación en 2018 que ascenderá hasta 1.000.000 %.

La Organización de los Estados Americanos (La OEA) informó en una sesión sobre Venezuela a principios del pasado mes de septiembre que el 80% de los hogares venezolanos se encuentra en condiciones de vulnerabilidad alimentaria.

El organismo mencionó que el 63,6% de los servicios pediátricos para hospitales públicos no cuentan con fórmulas para recién nacidos y que los casos de malaria aumentaron de 136.000 en 2015 hasta los 406.286 en 2017.

El 87% de los venezolanos se encuentra en situación de pobreza, de los cuales 61,2% vive en la pobreza extrema, según las estadísticas de la OEA que detallan también un aumentó del 24% en el número de casos de VIH de 2010 a 2018.

La caravana que dejó a dos niños muertos

Una de las situaciones humanitarias de mayor relevancia en 2018 fue la migración de miles de centroamericanos en una caravana que salió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula el pasado 13 de octubre a la que se unieron otros nacionales y extranjeros en condición de desplazamiento. Diversas cifras sitúan el número de inmigrantes de la caravana entre 5000 y 7000 personas.

A lo largo de su recorrido por los diversos países centroamericanos los migrantes tuvieron enfrentamientos con las autoridades, a su vez a su paso por México como en la frontera con Estados Unidos.

Cientos de ciudadanos han llegado hasta puntos fronterizos de México donde esperan respuesta a sus solicitudes de asilo. La migración le causó a finales de diciembre la muerte a dos niños de siete y ocho años luego de haber sido detenidos por la Patrulla Fronteriza de EEUU.

Organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado el maltrato a los migrantes y se han reafirmado en que las caravanas de refugiados no representan una amenaza o peligro para los norteamericanos.

La represión que dejó al menos 325 muertos

La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha sido criticada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que anunció el pasado jueves que pondrá en marcha el proceso para aplicar la Carta Democrática contra el Gobierno de Nicaragua, que puede desembocar en su suspensión del organismo.

La crisis ha dejado 325 muertos desde mediados de abril cuando empezaron unas protestas en contra de la administración de Daniel Ortega, según cifras de la CIDH, aunque la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) situó en un reciente informe en 545 la cifra de personas fallecidas.

Al igual que la ANPDH otras organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel central en la difusión de informaciones sobre los abusos de Ortega. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), por ejemplo, expuso ante la CIDH que 32 menores de edad murieron durante las manifestaciones que tuvieron su punto más álgido en mayo.

CPDH junto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunciaron detenciones arbitrarias del Gobierno en el marco de la violencia y torturas contra los manifestantes encarcelados.

El rol en las manifestaciones de las ONG causó que el Gobierno de Nicaragua decidiera retirar la personería jurídica a nueve organizaciones que de forma sistemática realizaban denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el país.

"Ortega ataca a las ONG porque piensa que mantienen viva la resistencia”, indicó Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, en una entrevista a la Agencia Anadolu.

Brasil y Colombia: impotentes ante el asesinato de defensores de derechos humanos

Brasil y Colombia fueron cuestionados en 2018 por la impotencia de sus gobiernos para proteger a los defensores de derechos humanos en sus países.

Un reciente informe publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) llamado ‘Todos los Nombres, Todos los Rostros‘ detalló que solo entre de enero y noviembre de 2018, 226 personas líderes o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia.

Organizaciones civiles colombianas estimaron que desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla desmovilizada de las Farc han sido asesinados entre 350 y 400 personas por su defensa de los derechos humanos.

Los asesinatos sumados al desplazamiento de más de 30.500 personas por el conflicto que persiste en algunas zonas del país, según cifras del Acnur, son las situaciones humanitarias más críticas que vivió Colombia en 2018.

Entre tanto, las amenazas para los defensores de derechos humanos en Brasil quedaron evidenciadas con el asesinato de la concejala y activista, Marielle Franco, a mediados de marzo en la ciudad de Río de Janeiro.

Franco era reconocida por su trabajo social en las comunidades pobres y, días antes de su muerte a manos de sicarios, se dedicó a denunciar en las redes sociales los excesos de la violencia policial en las favelas de Río.

La CIDH y la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han reprobado los riesgos que viven los líderes rurales en el país y, recientemente, criticaron los asesinatos de tres activistas integrantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el Estado de Paraíba, y de un líder de asentamientos rurales, en el Estado de Pará, en Brasil.

“Es urgente que el Estado brasileño tome medidas efectivas para prevenir actos de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos”, destacó Birgit Gerstenberg, representante regional de la ACNUDH.

Las situaciones en Nicaragua y Venezuela, de los migrantes y de los líderes rurales fueron algunos de los hechos donde los derechos humanos se vieron amenazados o totalmente vulnerados durante 2018 en Latinoamérica y donde la región tiene los retos más relevantes para el año que inicia este martes.