Se tiene noticia de al menos 60 muertos debido a las protestas en Perú, (el último de ellos el viernes) lo que es una tragedia que debe ser abordada a la brevedad posible. Se trata de una dinámica inestable en la cual la búsqueda de la legitimidad política se ubica en el centro del debate. Esto tiene lugar en un país en el cual las animadversiones entre la sierra y la costa surgen ahora más evidentemente, como factores que atizan el caos y la inestabilidad del país.

En particular este problema político no es de fácil arreglo. La lucha central está en la legitimidad y en los apoyos de poder no sólo de partidos ni producto exclusivamente de componendas en el parlamento. Se trata también de la capacidad de movilización de sectores populares en particular en el interior de esta nación sudamericana.

La trifulca sostenida amenaza con desbordarse y desde ya la región sur, incluyendo Arequipa, no ha descartado pronunciarse en pro de la separación de Perú y constituir una nueva república. Sería poco probable este último logro, pero colocar estas cartas sobre la mesa busca a todas luces acumular fuerzas y presiones para los procesos de negociación que deben tener lugar.

La detención del hasta hace poco presidente Pedro Castillo ha inflamado las respuestas. Mientras Lima, la capital, y varios centros urbanos se posesionan a favor de detener al mandatario, el interior del país percibe que esos mecanismos “legales” constituyen el instrumento mediante el cual les estarían “robando” las elecciones.

Es cierto que Castillo decretó el cierre del Congreso y dispuso de nuevas elecciones parlamentarias. Esto fue el detonante para que los diputados le destituyeran y nombraran a la vicepresidenta en su lugar. Sin embargo, es de considerar que, de conformidad con analistas políticos locales, el mandatario estaba ejerciendo un derecho contemplado en la ley.

Como es de esperarse estos planteamientos están siendo objeto de un amplio debate jurídico, pero tal prerrogativa respecto al Parlamento, la habría tenido todo presidente al cual en dos ocasiones el Congreso le haya rechazado un gabinete ministerial. Como parte de su desempeño, Castillo tuvo que modificar a la totalidad de sus ministros en cinco ocasiones, en tan sólo 16 meses de mandato.

Desde la óptica del Congreso, la inestabilidad y lo que sería la “errática” gestión de Castillo, le hacía merecedor a una destitución por “incapacidad moral”.  Al parecer en Perú es más difícil despedir a una secretaria o secretario que al presidente de la República.

Uno de los aspectos más evidentes del posicionamiento de los diputados es el contenido de lo que se debe entender por “incapacidad moral”. Allí cabría de todo, literalmente. Se trata de un procedimiento más calcado en el principio de que “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, que de una búsqueda exhaustiva de legalidad.  Es un caso moldeado según el principio que ya puntualizaba Nicolás Maquiavelo (1469-1527) por allá por el origen del Renacimiento, en su célebre obra “El Príncipe” (1532).

En todo caso, lo innegable: el caos que viene teniendo Perú desde hace unos siete años atrás. Evidencia: este país ha tenido seis presidentes en la pasada media década. Ahora lo más reciente es el controversial mandato de Dina Boluarte; allí se tienen acusaciones recíprocas de golpe de Estado, manteniéndose prisionero al exmandatario Pedro Castillo, quien ahora sería acusado del delito de organización criminal, tras el primer aval que dio la Comisión Permanente del Congreso.

Uno de los problemas es que esta presidencia de Boluarte es ilegítima según amplios sectores especialmente del Perú rural y las protestas se han cobrado con sangre al menos 60 vidas como parte del caudal de inconformidades.

Entre las justificaciones de la convulsión, las demandas se centran en asuntos estructurales de legalidad y poder. Efectivamente, no sólo se requiere que renuncie Boluarte, sino que se convoque a elecciones y a una Asamblea Constituyente, misma que tendría a su cargo la redacción de una nueva Carta Magna.  Esto implica grandes riesgos en un país en el cual los circuitos económicos se encuentran muy entrelazados con los ámbitos políticos.   

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De allí que los agentes económicos como mínimo, están posponiendo sus decisiones en cuanto a inversión. Ya sea inversión de reposición o ampliación neta de capitales fijos productivos, reposición de inventarios o bien capacitación del capital humano.

La prensa peruana dio cuenta, en los 16 meses de estancia en el Ejecutivo por parte de Castillo, de casos de corrupción, impertinencias de procedimientos, abiertos casos de nepotismo y caos. Pero quienes protestan desde el Perú profundo, rural, culpan de las condicionantes de fondo a las élites limeñas quienes no habrían permitido un mínimo de gobernabilidad. Se reitera que integrantes de esas élites provocan la inoperancia del gobierno, para luego culpar al mismo de no rendir resultados. A eso agréguense las animadversiones ya señaladas entre la sierra y la costa -esta última con inclusión de Lima, la capital-.

La respuesta del gobierno hasta ahora ha sido la de recurrir al estado de excepción.  Se limitan o anulan las libertades ciudadanas y el ejército actúa aclarando cualquier disidencia o duda que exista.  Este procedimiento puede ser efectivo durante una coyuntura específica, pero son medidas que no pueden perpetuarse. 

De nuevo, la tragedia de gobiernos en Latinoamérica: cómo pasar de la legitimidad legal de las urnas, a la legitimidad concreta que se gana con el respaldo de la ciudadanía a partir de resultados: ampliando las capacidades y las oportunidades para mayoritarios sectores de la población.

* Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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