El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este miércoles los ejes de una consulta popular con la que pretende incrementar las penas para el crimen organizado y asignar más funciones a las fuerzas armadas en un país castigado por el narcotráfico.

"Cumplimos con la oferta de campaña de llamar a una consulta popular y construir el nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo", expresó en una cadena de radio y televisión Noboa, quien asumió el cargo en noviembre pasado.

Las once preguntas de la consulta popular fueron remitidas la víspera a la Corte Constitucional, que debe aprobarlas.

La mayoría de la consulta gira en torno al combate del crimen organizado y las bandas criminales, que se disputan a sangre y fuego rutas para el tráfico de drogas.

Entre 2018 y 2022, los asesinatos se cuadruplicaron en el país. El 2023 fue el año más violento con unos 7.500 homicidios y una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

"Estamos cansados de que haya mayor protección para los delincuentes (...) por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados por crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan", agregó Noboa.

El mandatario, quien estará al frente del país hasta 2025, propone que las fuerzas armadas combatan al crimen organizado y realicen controles permanentes de armas y explosivos en las carreteras.

Además, plantea aumentar los castigos para los delitos como terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, secuestro, entre otros, y eliminar los beneficios penitenciarios para los sentenciados por esos crímenes.

También busca que las armas decomisadas se destinen al uso de la policía y que los uniformados no sean arrestados mientras son juzgados por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto al sistema de justicia, Noboa pretende evaluar a los servidores de la función judicial.

Finalmente, el mandatario propone reformar los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, y permitir nuevamente el funcionamiento de casinos con miras a generar fuentes de empleo, aunque esta medida es criticada por posibles riesgos de facilitar el lavado de dinero.

Los casinos fueron prohibidos en Ecuador en 2011 tras una consulta popular impulsada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) en 2011.

El exmandatario Guillermo Lasso (2021-2023) también convocó a un referendo que incluía la extradición de ecuatorianos ligados al crimen organizado, pero su iniciativa fracasó al triunfar el No en todas las preguntas.